La Diputación recomienda auditorías públicas a los 4 ayuntamientos de Ribera que investigan al secretario

La Diputación de Burgos tiene competencias de asistencia, pero no de control de la legalidad sobre los municipios, cuya tutela financiera corresponde a la Junta de Castilla y León. Así responde la administración provincial a los cuatro ayuntamientos de la Ribera que habían solicitado ayuda ante posibles irregularidades en la gestión del secretario-interventor que compartían. “La función de tutela financiera sobre las entidades locales corresponde a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tal como prevé el artículo 54 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León”, señala señala mientras recomienda auditorías públicas.

Los ayuntamientos agrupados de La Cueva de Roa, Villescusa de Roa, Valdezate y Fuentelisendo solicitaron la ayuda ante posibles irregularidades en la gestión administrativa y económica, alteraciones que afectarían tanto a la documentación de la Secretaría como a los cobros y movimientos contables relacionados con las remuneraciones del anterior Secretario-Interventor, lo que podría implicar un uso inapropiado de fondos públicos.

Dos vías de control

Los ayuntamientos iniciaron una auditoría interna y enviaron un escrito a la Diputación con tres objetivos: trasladar el conocimiento formal de los hechos; requerir información sobre los procedimientos administrativos “para la correcta depuración de responsabilidades” y, recuperar fondos si se diese el caso, así como la valoración de una posible asistencia técnica o jurídica por parte de los servicios provinciales para orientar y acompañar a los ayuntamientos en la gestión de este proceso.

Según el informe jurídico de la administración provincial, la detección de las posibles irregularidades contables y de gestión, requieren de una evaluación desde la perspectiva del control interno y externo. Del control interno, afirma, se debe encargar el nuevo Secretario-Interventor del Ayuntamiento que “tiene la obligación de comunicar cualquier hecho comprobado que pueda constituir infracción administrativa o responsabilidad contable o penal”. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas asume el control externo en todo el ámbito nacional, y el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

En detalle

Entrados en detalle, aunque la Diputación no tiene competencia en el control de la legalidad, recomienda a los ayuntamientos solicitar auditorías públicas, aunque insiste: “no están obligados”. “Los ayuntamientos de Valdezate, La Cueva de Roa, Villaescusa de Roa y Fuentelisendo no están obligados a realizar auditorías, al estar bajo el modelo simplificado de contabilidad, lo que les permite aplicar un régimen simplificado de control interno”, señala al recordar que la función de control financiero solo es obligatoria en actuaciones exigidas por ley.

La administración provincial recomienda, en cualquier caso, solicitar al Consejo de Cuentas de Castilla y León una actuación fiscalizadora, para realizar las comprobaciones pertinentes y, en caso de detectar responsabilidades contables o penales, poner los hechos en conocimiento del Tribunal de Cuentas o del Ministerio Fiscal. Para ello, la Diputación de Burgos prestará asistencia técnica y jurídica a los municipios conforme a sus competencias.

Según este escrito de la Diputación, de cara a ayudar al nuevo secretario, las entidades locales pueden contratar la colaboración externa con firmas privadas de auditoría, siguiendo sus instrucciones; firmar convenios con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para recibir apoyo, o solicitar asesoramiento a la Diputación en el ejercicio de las funciones de control interno. Dicho esto, la decisión de la petición de acción fiscalizadora debe partir de un acuerdo de Pleno, cuya convocatoria deberá formular cada alcalde.

Foco de la investigación

El principal foco de la investigación se centra en las retribuciones económicas que habría cobrado el Secretario-Interventor cuestionado. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el salario base de un Secretario-Interventor es de 45.000 euros que cobra por su responsabilidad principal, en este caso desarrollada en Pedrosa de Duero.

Por ley, solo podría cobrar por el resto de servicios un 30% adicional; es decir, 13.500 euros anuales en total, pero viendo los datos de 2023, esa cuantía, como ejemplo, ya se cubrió con el Ayuntamiento de La Cueva de Roa. Adicionalmente, ese año el secretario recibió importantes cantidades en concepto de kilometrajes así como los correspondientes salarios en Villaescusa, Valdezate, Fuentelisendo -donde trabajaba cuatro horas por semana en cada ayuntamiento- y la propia mancomunidad Ribera del Duero donde cobraba unos 1.500 euros mensuales, más kilometraje. Desde la Mancomunidad niegan cualquier irregularidad y defienden la gestión del secretario.