El Ayuntamiento de Aranda crea un comité jurídico para solucionar el problema histórico de la plaza de toros

Enésimo intento municipal para desbloquear el ya histórico problema de la plaza de toros de Aranda, por parte del Ayuntamiento, que ahora anuncia que va a constituir un comité jurídico «neutro e independiente» que trabajará con el único objetivo de encontrar una solución legal con Toros Ricor, la propietaria del coso.

Este órgano de consulta trabajará en el análisis jurídico y la búsqueda de un arreglo entre la empresa que levantó la plaza de toros de Aranda y la administración municipal que permita la celebración de ferias taurinas y el aprovechamiento del potencial de las instalaciones, conforme a la legalidad. «La falta de resolución de este problema durante 23 años ha afectado al discurrir de la celebración de actividades y eventos, como la feria taurina durante las fiestas patronales de nuestra ciudad», señalan desde el consistorio arandino.

La acumulación de circunstancias legales y empresariales que derivó en la ausencia de estos festejos taurinos, que el equipo de gobierno actual de Sentir Aranda heredó del predecesor y que no ha sido capaz de corregir, impacta en los vecinos en general, tanto en los aficionados taurinos como en los que acuden a la tradicional ‘bajada de las peñas’, que ha perdido parte de su ambiente por la falta de espectáculos taurinos. También priva a todos los arandinos del uso de ese espacio para actividades lúdicas y culturales.

Este nuevo comité, insisten, será un órgano independiente y neutral. Para ello, el proceso de selección será transparente, aunque de momento no han trascendido todos los detalles, y contará con especialistas de todos los ámbitos implicados, incluida la Plataforma por la Plaza de Toros. «A esta composición plural, que incluirá juristas de ámbito autonómico y local, así como letrados del Ayuntamiento de Aranda, se ha invitado a formar parte a un abogado representante de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, con el objetivo de asegurar que las decisiones se adopten con rigor, objetividad y sin condicionamientos externos, reforzando así la confianza en la búsqueda de una solución legal definitiva», explican a este periódico fuentes municipales.

Expertos invitados

Bajo esta perspectiva, el Ayuntamiento ha invitado a los siguientes expertos: Jesús Mozo Amo, magistrado de lo Contencioso-Administrativo de la Sala III del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en excedencia, y secretario general del Ayuntamiento de Valladolid; Javier Esgueva, abogado de Aranda de Duero; un representante jurídico de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, y un fedatario del Ayuntamiento, que actuará como secretario de actas y acuerdos del comité. El equipo de trabajo se completará con otros abogados arandinos invitados, cuyos nombres no han dado a conocer.

El Ayuntamiento de Aranda de Duero confía en que este comité jurídico pueda encontrar una solución viable y definitiva para la plaza de toros, beneficiando así a toda la comunidad y permitiendo la reanudación del uso de estas instalaciones para las tradicionales ferias taurinas y eventos de otra índole.

Un reto difícil

Lo cierto es que no es nada sencillo. La polémica de la plaza de toros comenzó en el mismo momento de la venta, tras la demolición de la antigua plaza conocida como La Chata, en 2003. Desde entonces, Aranda ha vivido dos décadas de desencuentros judiciales, marcados por los incumplimientos de contrato por parte del empresario adjudicatario y un Ayuntamiento que le ha dejado hacer durante años.

Irregularidades

Sobre la mesa, un contrato que nunca se cumplió. Junto a irregularidades constructivas que algunos técnicos consideran que podrían argumentar un derribo, la empresa dejó sin cubrir aspectos como la construcción de una piscina cubierta, un museo, una sala de equipamiento de fitness y un parking, que el empresario intentó subsanar en un terreno cercano.

También generó controversia el cambio de diseño de la cubierta que el empresario realizó en 2006 sin tener la pertinente autorización municipal, una irregularidad que los expertos entienden como un incumplimiento del pliego.

Las discrepancias pasaron pronto al terreno judicial. La principal voz reivindicativa durante este proceso ha sido la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros, que entiende que la única solución pasa por rescindir el contrato con Toros Ricor por los reiterados incumplimientos del empresario.

Para el colectivo, la venta fue un regalo y el Ayuntamiento ha actuado en muchas etapas como cómplice, al permitir la celebración de festejos con licencias provisionales que fueron posteriormente declaradas nulas por los tribunales. La misma suerte corrió la licencia de 2014, que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2022.

Desde 2020, la plaza está cerrada y no celebra festejos taurinos. Además, dado el enfrentamiento judicial, el Ayuntamiento tampoco disfruta de los 12 días a los que Aranda tiene derecho para la celebración de eventos público. 

En el plano judicial, el empresario ha recurrido la sentencia que tumbaba la licencia de apertura concedida en 2014.