El exsecretario de La Cueva de Roa devolverá 300.000€ por kilometraje y dietas cobrados de más

El antiguo secretario interventor de la Cueva de Roa, Valdezate, Fuentelisendo y Villaescusa deberá devolver 320.779 euros cobrados de más por kilometraje y dietas, tras declararse conforme con la investigación del Tribunal de Cuentas. El acta provisional del procedimiento de responsabilidad contable aprecia un posible menoscabo económico de 320.779,59 euros en la Agrupación de Municipios La Cueva de Roa, Valdezate, Fuentelisendo y Villaescusa de Roa atribuible, según la primera resolución de este organismo, al exsecretario municipal cuestionado, Juan Ramón Medina Arranz. En este procedimiento, el funcionario señalado acata responsabilidad contable que le atribuye el tribunal y se compromete a reintegrar el importe que resulte de la liquidación definitiva.

La investigación del Tribunal de Cuentas se limita al periodo legal de cinco años comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2025, durante el que se analizan las gratificaciones percibidas por el secretario-interventor en régimen de acumulación y las indemnizaciones por desplazamiento abonadas por la Agrupación. En otras palabras, por cobros de sueldo muy por encima de lo previsto en la ley – que solo permite cobrar un 30% más que el sueldo de la plaza principal, en este caso de Pedrosa de Duero- y por kilometrajes no justificados.

Esta primera resolución parte de las denuncias presentadas por la concejala de La Cueva de Roa, Sara Meneses; una investigación iniciada tras detectar presuntas irregularidades en la gestión del ex secretario-interventor. El documento por el momento tiene carácter provisional hasta que sea informado por el Ministerio Fiscal.

Investigación

La investigación se limita a los cinco últimos años, pero hay que recordar que Juan Ramón Medina Arranz llevaba más de veinte años prestando servicio como secretario-interventor de esta Agrupación Secretarial, siendo durante todo ese tiempo el máximo responsable de la gestión económica y administrativa de los cuatro municipios. A lo largo de esas más de dos décadas ejerció su labor de forma continuada junto al alcalde de La Cueva de Roa, que ha permanecido al frente del Ayuntamiento durante todo ese periodo, coincidiendo ambos durante más de veinte años en la gestión municipal.

La resolución concluye, de manera provisional, que el posible perjuicio económico procede de dos conceptos. El primero corresponde a gratificaciones abonadas al secretario-interventor por encima del límite legal, cuantificadas en 230.747,34 euros. El segundo hace referencia a indemnizaciones por desplazamiento cuya finalidad pública y justificación documental no ha quedado acreditada durante la instrucción, cifradas en 90.032,25 euros. La suma de ambas partidas eleva el presunto alcance contable a 320.779,59 euros, sin perjuicio de lo que finalmente pueda resolverse en el procedimiento.

El Tribunal distribuye ese presunto perjuicio económico entre los cuatro ayuntamientos que integran la Agrupación. En La Cueva de Roa cuantifica un presunto alcance de 53.396,10 euros, de los que 46.149,47 euros corresponderían a gratificaciones abonadas por encima del límite legal y 7.246,63 euros a indemnizaciones por desplazamiento.

La mayor cuantía corresponde a Villaescusa de Roa, con 105.951,31 euros, seguida muy de cerca por Valdezate, con 105.746,81 euros, mientras que en Fuentelisendo la cantidad asciende a 55.685,37 euros. En conjunto, el Tribunal considera que estas cantidades representan un importante perjuicio económico para unas administraciones locales de muy reducida dimensión, cuyos presupuestos anuales son limitados y donde cualquier desviación de esta magnitud tiene un impacto especialmente relevante sobre las arcas municipales.

El acta identifica como presuntos responsables contables al entonces secretario-interventor Ramón Medina Arranz y a los alcaldes que integraban la Agrupación durante el periodo investigado, al entender que unos participaron en la percepción de los fondos y otros en la autorización y disposición de los pagos objeto de análisis.

El documento incorpora además un hecho de especial relevancia. El Tribunal de Cuentas deja constancia de que el pasado 28 de junio de 2026 Juan Ramón Medina Arranz presentó un escrito en el Registro del propio Tribunal en el que acepta la responsabilidad contable que entiende se le imputa, asume la obligación de reintegrar el importe que resulte de la liquidación definitiva y solicita que se le indiquen los trámites para efectuar el correspondiente pago. Esta manifestación figura expresamente recogida en el acta de liquidación provisional.

Otros cargos

Habrá que ver qué pasa con el resto de municipios en los que trabajaba este secretario-interventor. Ramón Medina Arranz desempeñaba su plaza principal en el Ayuntamiento de Pedrosa de Duero, desde donde ejercía igualmente las funciones de secretaría en las entidades locales menores de Boada de Roa, Guzmán, Quintanamanvirgo y Valcabado de Roa. Hasta la fecha no consta que desde el Ayuntamiento de Pedrosa de Duero se haya promovido actuaciones públicas similares relacionadas con su gestión ni que se haya denunciado irregularidades de esta naturaleza por parte del consistorio, de las entidades locales menores o de sus representantes municipales.

Además de esas responsabilidades, también ejercía como secretario de la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca. Tampoco en este caso consta que la Mancomunidad haya promovido actuaciones similares o haya hecho públicas denuncias sobre posibles irregularidades relacionadas con su gestión, ni que se hayan pronunciado de forma pública sus alcaldes, concejales, miembros de la Junta de Gobierno o representantes municipales.

La resolución del Tribunal de Cuentas llega después de meses de investigaciones administrativas y judiciales que tuvieron su origen en las denuncias formuladas por la concejala Sara Meneses y que han ido revelando nuevos datos sobre la gestión económica de la Agrupación de Municipios y del Ayuntamiento de La Cueva de Roa.

Investigación

Este acta del Tribunal de Cuentas supone un nuevo capítulo en la investigación de las actuaciones municipales cuestionadas, de las que este periódico ha venido destapando y que comenzaron con las sospechas sobre el elevado coste del centro multiusos de La Cueva de Roa.

Posteriormente, el Juzgado de Aranda de Duero abrió diligencias penales e investiga al entonces secretario-interventor Ramón Medina Arranz y al alcalde de La Cueva de Roa por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión municipal. Ahora, al margen de esa causa penal, el Tribunal de Cuentas aprecia provisionalmente un posible menoscabo económico derivado del pago de gratificaciones e indemnizaciones durante el periodo investigado, ampliando así el alcance de las responsabilidades que se analizan en distintas jurisdicciones.

Ambos procedimientos son independientes. Mientras el Tribunal de Cuentas trata de determinar la existencia de un posible menoscabo de fondos públicos y, en su caso, exigir responsabilidades contables, la investigación judicial pretende esclarecer si los hechos pudieran revestir también carácter delictivo.

Tras el acto de liquidación provisional, el procedimiento entra ahora en una nueva fase. Será el Ministerio Fiscal quien emita informe sobre las conclusiones alcanzadas por la instructora.