Meneses exige auditar el Ayuntamiento de La Cueva de Roa tras el dictamen del Tribunal de Cuentas

Sara Meneses, la concejala que ha destapado el caso de La Cueva de Roa, en el que, según el acta provisional del Tribunal de Cuentas, la instrucción aprecia un posible menoscabo económico de 320.779 euros en la Agrupación de Municipios La Cueva de Roa, Valdezate, Fuentelisendo y Villaescusa de Roa, exige una auditoría independiente y completa de la gestión de las arcas municipales. "Considero que deben analizarse todas las retribuciones abonadas por esos organismos, incluidas, en su caso, gratificaciones, indemnizaciones por kilometraje, dietas y cualquier otro concepto retributivo, para determinar si se ajustaban plenamente a la legalidad y, en su caso, si procede exigir las responsabilidades que correspondan y el reintegro de las cantidades que legalmente pudieran resultar indebidas", defiende Meneses.

Hay que recordar que en el foco de la investigación está el ex secretario-interventor, Juan Ramón Medina Arranz, quien ha asumido ya la responsabilidad contable que le atribuye el Tribunal de Cuentas y se ha comprometido a reintegrar el importe que resulte de la liquidación definitiva.

Diligencias penales

Aunque la investigación del Tribunal de Cuentas se limita al periodo legal de cinco años comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2025, durante el que se analizan las gratificaciones percibidas por el secretario-interventor en régimen de acumulación y las indemnizaciones por desplazamiento abonadas por la Agrupación, la instrucción continúa y habrá que ver cómo avanza en el Juzgado, donde el Tribunal ha promovido actuaciones penales que amplían el foco a los cerca de veinte años en los que el secretario ejerció funciones en La Cueva de Roa, así como en el periodo que trabajó en otras administraciones, como Pedrosa de Duero, donde tenía su plaza principal, las pedanías de Boada de Roa, Guzmán, Quintanamanvirgo y Valcabado de Roa, o la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca, con más de 30 pueblos.

“Han ido a por mi”

Denunciar presuntas irregularidades en el ayuntamiento de un pueblo de 82 habitantes no es fácil, sobre todo si eres concejala y el alcalde forma parte de tu grupo municipal. "Han ido a por mí y a por mi familia, pero el tiempo pone a cada uno en su sitio. El juez será el que decida", afirma.

En su opinión, es vital que la investigación continúe porque "todavía existen numerosas cuestiones sin aclarar". Según expone, las liquidaciones presupuestarias entre 2013 y 2025 reflejan más de 1,5 millones de euros en inversiones y gastos de los capítulos 2 y 6, mientras que muchas infraestructuras del municipio presentan un estado deficiente. "Basta recorrer nuestro municipio para comprobar el estado en que se encuentran muchas infraestructuras públicas. Aceras deterioradas, calles continuamente parcheadas, parques envejecidos y deficiencias de mantenimiento. Los vecinos tienen derecho a conocer cuál ha sido realmente el coste total del edificio de usos múltiples, cuánto dinero público se ha invertido, qué parte procede de subvenciones y cuánto dinero queda todavía pendiente para su completa finalización", sostiene.

Meneses lo tiene claro. "Nunca he buscado protagonismo ni enfrentamientos personales, solo he ejercido la labor de control que corresponde a cualquier concejal y que constituye uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático, pero fiscalizar no es atacar. Si algo ha demostrado el tiempo es que mi palabra ha estado respaldada por documentos", afirma.

Según explica la concejala, la decisión de denunciar fue la última opción. "Durante años advertí en innumerables reuniones municipales de la necesidad de cumplir la normativa vigente, corregir determinados procedimientos administrativos y adoptar medidas que entendía obligatorias para garantizar la legalidad de la actuación municipal, pero tanto el alcalde como los concejales que le sostienen políticamente con su voto, Roberto Esteban Madrigal y Sagrario Sanz Sendino, lo ignoraron", lamenta, agradecida, eso sí, a todas las personas que, de forma desinteresada, "me han ayudado a comprender cuestiones jurídicas, administrativas y económicas, vitales para la fiscalización. Sin ellas no hubiésemos llegado hasta aquí", destaca.

Sara extiende su reconocimiento al concejal César Javier Blanco, "cuya colaboración ha sido extraordinaria". "Agradezco su dedicación, honestidad y compromiso con los vecinos", añade.

En detalle, los más de 320.000 euros reflejados en el acta provisional del Tribunal de Cuentas derivan del exceso de gratificaciones abonadas al anterior secretario por encima de los límites legalmente establecidos y de indemnizaciones por kilometraje cuya justificación no ha quedado acreditada en esta fase del procedimiento. Si la liquidación provisional se confirma en sede jurisdiccional, esas cantidades deberán ser reintegradas a las arcas públicas.

Distintas respuestas de los ayuntamientos

Meneses lamenta las diferentes reacciones de las administraciones afectadas. "Quiero reconocer públicamente la actitud mantenida por el alcalde de Valdezate, Teófilo de Pedro Pérez, como presidente de la Agrupación Secretarial, y por los miembros de su Ayuntamiento. Desde la primera reunión que mantuvimos mostraron plena disposición para esclarecer lo ocurrido y colaborar para que la situación pudiera regularizarse", destaca Meneses.

En cambio, sostiene que tanto el Ayuntamiento de Pedrosa de Duero y sus entidades locales menores como la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca no han promovido actuaciones dirigidas a esclarecer o reclamar las cantidades que, en su caso, pudieran haberse abonado de forma contraria a la legalidad.

"Las decisiones políticas las adoptaba el alcalde"

La concejala rechaza además que la responsabilidad de la gestión municipal pudiera recaer exclusivamente en el anterior secretario. "Durante todo este tiempo se ha intentado trasladar la idea de que quien tomaba las decisiones era el anterior secretario municipal. Sin embargo, quienes hemos vivido el funcionamiento interno del Ayuntamiento sabemos perfectamente cómo se desarrollaba realmente la gestión municipal. Las decisiones políticas las adoptaba el alcalde", asegura.

Según detalla, el regidor "nunca permitió que los concejales ni los vecinos pudieran mantener reuniones con el secretario municipal sin su presencia", pese a que solicitó en varias ocasiones que existiera un horario de atención libre. "Siempre se negó", recuerda.

La concejala insiste en que no se trata de un procedimiento civil ni de una denuncia particular. "Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Autoridad Independiente en materia de corrupción, que, dada la gravedad de los mismos, los trasladó al Ministerio Fiscal. Tras analizar toda la documentación aportada, fue la propia Fiscalía quien presentó la correspondiente denuncia judicial", puntualiza.

Meneses celebra el trabajo desarrollado por el actual secretario municipal desde su incorporación. "Se ha mejorado notablemente el acceso a la documentación pública, se están regularizando numerosos procedimientos administrativos y se está trabajando con el rigor jurídico y técnico que debe presidir cualquier administración pública. Sin su profesionalidad, su compromiso con la legalidad y la documentación a la que he podido acceder gracias a su trabajo, gran parte de esta labor de fiscalización habría resultado enormemente más difícil", afirma.

Irregularidades

Según la documentación aportada por Meneses a los distintos organismos, se observan incidencias administrativas, entre ellas presuntas deficiencias en la construcción del edificio de usos múltiples, ausencia de determinadas autorizaciones y documentación técnica, presunto fraccionamiento de contratos, falta de certificaciones de obra y de fiscalización previa de pagos, presuntos pagos indebidos al anterior secretario por retribuciones y kilometraje, al menos 75 contratos menores que no habrían sido sometidos al Pleno, un archivo municipal "prácticamente vacío" y la falta de información detallada sobre el destino de más de 1,5 millones de euros reflejados en las liquidaciones presupuestarias entre 2013 y 2025. "La fiscalización no termina con el acta provisional del Tribunal de Cuentas; al contrario, abre una nueva etapa. Continuaré impulsando que las autoridades competentes analicen todos aquellos hechos que aún no han sido investigados y seguiré reclamando una auditoría pública integral del Ayuntamiento. Los vecinos no necesitan campañas de imagen. Necesitan transparencia, documentación y explicaciones", zanja.