César Blanco, concejal de la Cueva de Roa. “El alcalde debe dimitir porque o no está capacitado o ha sido cómplice del exsecretario”

Tras conocer que el exsecretario Juan Ramón Medina Arranz ha aceptado la resolución provisional del Tribunal de Cuentas que le obliga a devolver 320.779 euros por presuntos cobros indebidos realizados durante los cinco últimos años en los que ejerció en la agrupación formada, además, por Valdezate, Fuentelisendo y Villaescusa de Roa, el único concejal de la oposición en La Cueva de Roa exige la dimisión del alcalde de La Cueva de Roa. "O no está capacitado para gestionar el Ayuntamiento o ha sido cómplice del ex secretario. En cualquiera de los dos casos, debe dimitir", sostiene el edil César Blanco, decidido a elevar la petición en el pleno de septiembre.

Según explica el concejal del Partido Popular, el alcalde socialista debe explicar cuestiones como por qué el Ayuntamiento de La Cueva de Roa pagó al secretario hasta 53.396 euros de más en el último lustro; por qué ha habido “tantas irregularidades” en el pago y ejecución de la obra del centro de usos múltiples; o por qué el archivo municipal está "prácticamente vacío".

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía iniciaron la investigación a raíz de una denuncia de la concejala, también socialista, Sara Meneses. El informe provisional se ha limitado al periodo legal de cinco años comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y el 31 de mayo de 2025, durante el que se han analizado las gratificaciones percibidas por el secretario-interventor en régimen de acumulación y las indemnizaciones por desplazamiento abonadas por la Agrupación.

En otras palabras, el informe se centra en cobros salariales muy por encima de lo previsto en la ley —que solo permite cobrar un 30% más que el sueldo de la plaza principal, en este caso la de Pedrosa de Duero— y en kilometrajes no justificados. "La investigación debe ampliarse a los 22 años en los que trabajó como secretario-interventor", reclama César Blanco.

Por el momento, el Tribunal de Cuentas distribuye ese presunto perjuicio económico entre los cuatro ayuntamientos que integran la Agrupación. En La Cueva de Roa cuantifica un presunto alcance de 53.396,10 euros, de los que 46.149,47 euros corresponderían a gratificaciones abonadas por encima del límite legal y 7.246,63 euros a indemnizaciones por desplazamiento. La mayor cuantía corresponde a Villaescusa de Roa, con 105.951,31 euros, seguida muy de cerca por Valdezate, con 105.746,81 euros, mientras que en Fuentelisendo la cantidad asciende a 55.685,37 euros.

“Estamos consternados”

En el lado opuesto está Roberto Esteban, concejal del equipo de gobierno que ha trabajado codo con codo con el alcalde de La Cueva de Roa durante más de 30 años. Pese al demoledor informe del Tribunal de Cuentas y a hechos probados, como el de haber iniciado las obras del edificio de usos múltiples durante cinco años sin proyecto, el concejal socialista defiende la gestión política y descarga su responsabilidad echando toda la culpa al exsecretario. "Estamos consternados. Después de tantísimos años confiando en él, no entendemos cómo nos pudo engañar de esta manera", lamenta, a sabiendas de que junto al secretario, el tribunal también puede ir contra los alcaldes.

Tanto Roberto como el alcalde, Ignacio Arranz, han estado en el gobierno durante los 22 años que ejerció el secretario cuestionado. "Siempre hemos defendido los intereses del pueblo, pero los dos tenemos nuestro trabajo y, al final, te fías del funcionario porque él es quien, en teoría, tiene los conocimientos y está capacitado", señala.

Pone la mano en el fuego por el alcalde, pero tras conocer el dictamen provisional del Tribunal de Cuentas coincide con el concejal de la oposición en la necesidad de "ir a la vía penal" para reclamar la devolución de los cobros supuestamente irregulares en los otros 17 años que estuvo el secretario ejerciendo en la agrupación formada por La Cueva de Roa, Valdezate, Fuentelisendo y Villaescusa de Roa, pero por el momento, el Ayuntamiento no ha presentado ninguna denuncia. “Hay que ir paso a paso”, asegura Esteban.

Aunque reconoce que debieron "controlar más", el edil insiste en que tanto él como el alcalde nunca han actuado "con mala intención". "Hemos pecado de ser demasiado confiados", afirma.

Según explica, con un sueldo que “rozaba los 4.000 euros” en la plaza principal, Pedrosa de Duero, el exsecretario solo podía haber cobrado un 30% por su labor en otra agrupación. Esto es, 1.200 euros al mes por los cuatro municipios de la agrupación, pero "cobró muchísimo más". "El exsecretario ha sido uno de los mayores fiascos", lamenta.

En cuanto al cuestionado proyecto del centro de usos múltiples Santo Domingo de Silos de La Cueva de Roa, que ya investiga el juzgado de Aranda tras detectar la Fiscalía posibles errores contables, falta de documentación municipal y discrepancias sobre el coste real y la financiación de la obra, que habría sido ejecutada, al menos durante sus cinco primeros años, sin proyecto básico ni de ejecución, el concejal defiende su inocencia. "Lo hicimos con la mejor intención, convencidos de que este proyecto iba a ser un revulsivo para este pueblo de unos 90 vecinos", señala.

Una de las dudas legales afecta a la adjudicación de unos trabajos que, pese a la magnitud del proyecto —según Esteban estaba valorado en unos 680.000 euros, pero, según la investigación, podría superar el millón de euros—, no fueron aprobados por el pleno municipal ni adjudicados mediante concurso público. "Lo hicimos poco a poco, cuando tenía el Ayuntamiento dinero, cuando recibíamos subvenciones, pero nadie nos dijo que no se podía hacer así", se excusa.

Roberto Esteban asegura que tampoco sabía, que las obras comenzaron sin proyecto, tal y como confirmó por escrito el estudio de arquitectura Barrio & Cameno cuando el Ayuntamiento de La Cueva de Roa lo contrató en septiembre de 2019, cinco años después de iniciar las obras, para legalizarlas. "Creo que algo había, pero no lo recuerdo", afirma el edil, sorprendido porque, si era ilegal, "no entiendo cómo ninguna de las administraciones que nos concedieron subvenciones nos puso pegas".

Sin proyecto

Lo cierto es que al ser importes inferiores a 40.000 euros, como es el caso de las subvenciones que solicitó el Ayuntamiento, las bases de la convocatoria no obligan a presentar ni proyecto ni contratos de obras ni certificaciones, solo declaraciones responsables, lo que hacía imposible que la Diputación de Burgos tuviera conocimiento de la envergadura del proyecto ni validara la ausencia de la documentación obligatoria.

Como representante de La Cueva de Roa en la Mancomunidad Ribera del Duero-Comarca, Roberto asegura que fue él quien, en el último pleno y fuera del orden del día, expuso la necesidad de reclamar todo el dinero que el exsecretario-interventor haya podido obtener de forma ilegal. "Se votó y acordamos que sí, pero no nos hemos vuelto a reunir", subraya.

Aunque la concejala Sara Meneses fue quien inició la investigación que ha llevado al Tribunal de Cuentas a reclamar, por ahora de forma provisional, 320.779 euros, y ha propiciado que la Fiscalía haya decidido elevar la causa a la vía judicial, Roberto Esteban asegura “es verdad que algo le tenemos que agradecer y veo bien que se depuren responsabilidades y que pague quien haya actuado mal, pero también ha dividido al pueblo y ha dejado de ir a los plenos como César", reprocha.

La concejala que destapó el caso responde y asegura que nunca ha abandonado su responsabilidad como concejala. “Durante casi tres años acudí a todos y cada uno de los plenos, incluso cuando no se permitía la participación de los vecinos, intentando que el Ayuntamiento corrigiera las irregularidades que estaba señalando, pero su respuesta siempre fue la misma: que todo era legal, que el problema era yo y que estaba equivocada. Cuando la situación se volvió insostenible y los plenos dejaron de ser un espacio donde poder ejercer mi labor con normalidad, decidí continuar esta fiscalización por otras vías, trasladando la documentación a los organismos competentes”, zanja Sara Meneses.

En su opinión, “es muy grave” que Roberto Esteban intente reducir todo a que el secretario les engañó. “Si el secretario tiene que asumir responsabilidades, que las asuma, pero eso no elimina la responsabilidad de quienes durante casi 30 años tenían la obligación de controlar y supervisar la gestión municipal. Lo que tienen que explicar también es cómo una concejala con tres años en el Consistorio detectó cuestiones que quienes llevaban décadas dentro no detectaron o no quisieron ver. Yo en ningún caso he dividido al pueblo, solo busco la verdad”, rechaza Sara Meneses.