El alcalde de La Cueva de Roa organiza una caldereta en un centro de usos múltiples sin licencia de ocupación y en obras
Los concejales César Blanco y Sara Meneses piden al alcalde que traslade el evento al frontón
Imagen del cartel anunciador
En pleno procedimiento judicial sobre las irregularidades de una construcción que está lejos de terminar, el alcalde de La Cueva de Roa organizará mañana, 21 de agosto, una caldereta popular en el polémico centro de usos múltiples Santo Domingo de Silos.
Según el cartel anunciador, la caldereta de carrilleras se celebrará en el interior de este edificio que aún no cuenta ni con los tabiques interiores ni con licencia de ocupación. Cada entrada tendrá un precio de 3 euros y, al finalizar la cena, se sorteará un jamón entre los asistentes.
La iniciativa choca con la normativa de espectáculos públicos de Castilla y León, que exige que los establecimientos e instalaciones en los que se desarrollen actividades abiertas al público reúnan condiciones de seguridad, salubridad e higiene. Además, deben disponer de las licencias o autorizaciones que resulten preceptivas.
Imagen del edificio objeto de la polémica en La Cueva de Roa
Esta normativa hace mención a aspectos de obligado cumplimiento, como garantías de evacuación con vías establecidas y salidas de emergencia, medidas de prevención y protección contra incendios, accesibilidad y otras cuestiones, como el funcionamiento seguro del sistema eléctrico y demás instalaciones y el aforo máximo permitido.
La propia legislación contempla como infracción muy grave la celebración de actividades en establecimientos o instalaciones sin las correspondientes licencias o autorizaciones cuando esa circunstancia genere un grave riesgo para la seguridad de las personas o los bienes.
En este caso, hay que recordar que el edificio no cuenta con elementos esenciales, como el proyecto técnico de arquitecto visado por el Colegio Oficial de Arquitectos o el certificado final de obra. Tampoco se ha acreditado públicamente la existencia de la licencia de primera ocupación o del título habilitante que corresponda, ni de la autorización o licencia de apertura necesaria para el uso previsto.
La obra, de hecho, sigue a medio hacer, con cuestiones importantes por resolver, como la ventilación, la climatización, los tabiques interiores, el aislamiento de la fachada y del tejado y toda la carpintería interna.
Alternativa
Preocupados por la seguridad de los asistentes a esta calderetada, los concejales César Blanco y Sara Meneses han registrado en el Ayuntamiento una solicitud para que el alcalde reconsidere el cambio a una ubicación más segura, como el frontón. “¿Por qué asumir el riesgo de utilizar precisamente el edificio cuya situación administrativa, técnica y judicial está siendo cuestionada?”, preguntan.
En su opinión, la utilización de un edificio municipal para una actividad abierta al público no es una cuestión meramente política. “Si se utilizara un inmueble que no reúne las condiciones exigibles y se produjera un accidente, podrían derivarse responsabilidades administrativas, civiles y, dependiendo de las circunstancias concretas y de la conducta de los responsables, incluso responsabilidades penales”, insisten, mientras dejan claro que su intención no es alarmar. “Es todo lo contrario, solo queremos evitar que los vecinos sean expuestos a un riesgo que puede evitarse fácilmente utilizando otro espacio municipal”, zanjan.
Un edificio en vía judicial
Tras detectar la Fiscalía posibles errores contables, falta de documentación municipal y discrepancias sobre el coste real y la financiación de la obra, que habría sido ejecutada, al menos durante sus cinco primeros años, sin proyecto básico ni de ejecución, la investigación está ya en el Juzgado de Aranda de Duero, donde han prestado declaración como investigados el alcalde de La Cueva de Roa, Ignacio Arranz, y el exsecretario Juan Ramón Medina.
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El alcalde entró en el juzgado arandino el pasado 2 de junio. El regidor solo contestó a las preguntas de la juez, el fiscal y su abogado, negándose a responder al interrogatorio formulado por la acusación popular y por el letrado del exsecretario. Ignacio Arranz defendió su inocencia, desvinculándose de cualquier toma de decisión relacionada con el edificio de usos múltiples. Por su parte, el exsecretario jubilado declaró por videoconferencia desde el juzgado de Valladolid, pero, amparándose en su derecho a no declarar, no respondió a ninguna pregunta, ni siquiera a las de la juez. La instrucción continúa.