Cuatro de cada cien hogares de Burgos recurre al bono social eléctrico en el último año
La mitad de los beneficiarios de la provincia (51,5%) se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica severa. En los últimos cuatro años han crecido los usuarios en más de un 17%

Vista panorámica de la ciudad de Burgos.
La preocupación por los costes energéticos no ha dejado de crecer en las familias burgalesas, que han visto que la factura se encareció de media un 15,5% durante el año 2025 en comparación con el ejercicio anterior. Y en enero de 2026 se mantuvo una tendencia al alza en el precio de la electricidad. De ahí la importancia del bono social eléctrico, que llegó en la provincia de Burgos a 13.883 hogares durante el conjunto del año 2025, lo que supone que se benefició de este descuento regulado en la factura de la luz un 3,85% de la población.
Casi cuatro de cada cien hogares de la provincia cumplían los requisitos que establece el Ministerio para la Transición Ecológica, basados en la situación económica de la unidad familiar, según el informe elaborado por Papernest al que ha tenido acceso este periódico. Personas en situación de vulnerabilidad severa o vulnerabilidad, en riesgo de exclusión, familias numerosas, pensionistas con la paga mínima o quienes reciben el Ingreso Mínimo Vital pueden acceder a esta medida social.
Los beneficiarios no han dejado de crecer en los últimos años y, por ejemplo, consultados los datos a cierre del ejercicio de 2022, se observa que se ha pasado de 11.831 beneficiarios a los 13.883, algo más de 2.000 consumidores vulnerables más en cuatro años. El porcentaje de incremento es del 17,4% más si se comparan los datos del cierre de 2023 con los de 2025. A finales de 2021 eran 11.185 los beneficiarios, casi 2.700 más desde entonces hasta ahora.
El bono eléctrico es un descuento regulado en la factura de la luz dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica. El objetivo es garantizar el acceso a un suministro básico como la electricidad. Su reconocimiento lleva asociado automáticamente el bono social térmico, una ayuda anual complementaria destinada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente y cocina.
El Ministerio de Transición Ecológica consideró que 6.726 de los beneficiarios burgaleses estaban en situación de vulnerabilidad y otros 7.157 aparecen en la estadística como vulnerables severos. La mitad de los beneficiarios de la provincia (51,5%) se encontraba en una situación de vulnerabilidad económica severa. Dentro de estas cifras, están los 3.501 consumidores que accedieron por ser familia numerosa y los 693 que eran pensionistas con la paga mínima; otros 119 recibían el ingreso mínimo vital.
El análisis por tipología confirma el peso determinante del factor económico en el acceso al bono social. En la provincia de Burgos, casi el 70% (68,9%) de los beneficiarios accede por criterio de renta, muy por encima del resto de categorías. La distribución refuerza la idea de que la ayuda actúa principalmente como red de apoyo frente a la insuficiencia de ingresos, más que como respuesta a otras situaciones administrativas específicas, y por tanto a la vulnerabilidad económica de estas familias.
Estos datos abren dos posibles lecturas. Por un lado, puede reflejar una estructura de pobreza especialmente intensa, donde la necesidad no es coyuntural, sino profunda. Por otro, podría indicar que la ayuda no está llegando con la misma amplitud a hogares con niveles de vulnerabilidad menos extremos. En cualquiera de los casos, la fotografía que dibuja el reparto por categorías sitúa el foco en la dimensión estructural del problema.

Imagen de una factura de la luz.
Durante 2025, los descuentos en la factura eléctrica oscilaron, en función de la situación económica familiar y de los precios de la energía, entre el 35% y el 65%. Por ejemplo, para vulnerables severos, se estableció excepcionalmente, hasta el 30 de junio de 2025, que el descuento fuera del 65% y, hasta el 31 de diciembre de 2025, el descuento fue del 57,5%.
Si, además, se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.
Por su parte, el bono social térmico no se gestiona como un descuento en la factura, sino que se trata de un pago único anual a los consumidores a través de una transferencia bancaria y cuya cuantía depende del grado de vulnerabilidad y de la zona climática en la que se resida. Si se tiene acceso al eléctrico, lo normal es que se cuente también con el térmico.
Urgencia social
La situación de los beneficiarios del bono social se asemeja a lo sucedido con las ayudas de urgente necesidad durante el ejercicio de 2025. Las concedidas por el Ayuntamiento de Burgos registraron un incremento tanto en el número de solicitudes atendidas como en el importe económico total repartido entre los beneficiarios. En concreto, a lo largo del último ejercicio se resolvían favorablemente alrededor de 920 subvenciones, frente a las 776 otorgadas en 2024, lo que supone 144 prestaciones más, un aumento cercano al 19%.
El grueso de los beneficiarios las solicitan para sufragar gastos de alimentación y vivienda, tanto en lo relativo al pago del alquiler como de los suministros, además de alojamientos alternativos puntuales, así como situaciones de emergencia sobrevenida relacionadas con la salud.
Seis de cada 10 ayudas se destinan al área de las necesidades más básicas: la alimentación de la familia en general y de niños en particular. Otras dos de cada 10 (22,74%) se solicitan para cuestiones relacionadas con el mantenimiento de la vivienda. Es decir, gastos corrientes como el pago de recibos de luz y gas, adquisición de enseres básicos, así como reparaciones.
12.166 beneficiarios en Burgos del Ingreso Mínimo Vital (IMV)
Esta es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
El Ingreso Mínimo Vital, que se considera una herramienta eficaz en la lucha contra la desigualdad social, ha llegado a 16.791 beneficiarios en la provincia desde su puesta en marcha en 2020.
Entre los requisitos básicos, además de la residencia legal en España desde hace al menos un año, está encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, lo cual se acredita teniendo en consideración el patrimonio neto, los activos no societarios y el nivel de ingresos y rentas.