El PSOE ve Burgos como zona tensionada de vivienda. «El alquiler es inaccesible para la mayoría»

La campaña de las elecciones autonómicas del PSOE en Burgos ha hecho parada en la calle Lazarillo de Tormes, en la parcela donde la Junta de Castilla y León edifica las primeras 147 viviendas de protección oficial del Gobierno regional en la ciudad, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento en la anterior legislatura.

En ese espacio, el candidato por Burgos, Daniel de la Rosa, remarcó que «yo sería partidario de declarar todo el municipio como zona tensionada hasta que bajen los precios del alquiler o hasta que no se pueda utilizar la vivienda turística de manera tan habitual».

Apuntó que las ofertas de vivienda en alquiler que pueden verse en cualquier portal inmobiliario de la ciudad parten de 700 euros para una vivienda tipo. «Son más de 750 euros por un piso normal. Eso es inaccesible para la mayoría social de la ciudad y ocurre tanto en Gamonal como en el centro. Toda la ciudad debería ser declarada zona tensionada», insistió.

Estas declaraciones las realizó junto a uno de los ponentes de la Ley Estatal de Vivienda en el Congreso de los Diputados, César Ramos, quien después mantuvo un encuentro con militantes en la sede de campaña socialista. Esa ley establece el mecanismo para declarar zonas tensionadas en aquellos lugares donde el mercado libre del alquiler se dispara. Señaló que «poblaciones como Burgos podían no estar tensionadas hace unos años, pero hemos comprobado que en los últimos cinco años el precio de la vivienda ha subido un 40%. Eso quiere decir que en los próximos años puede aumentar mucho más».

Ambos expusieron que en las zonas donde se ha optado por esta declaración, como Navarra o Cataluña, el precio del alquiler se ha reducido un 8% y un 6%, respectivamente. Recordaron que ciudades como Barcelona o La Coruña han aplicado esta figura. Insistieron en que, ante la situación actual del problema de la vivienda, existen dos modelos: «El del Partido Popular, que sostiene que el mercado se autorregule. Ya se ha demostrado en estos años que quien sale perdiendo es la gente que necesita lo público. O el nuestro, que con la ley permite que, declarando zonas tensionadas, se pueda poner un tope al alquiler», recordó César Ramos.

5.000 VPO para jóvenes y mayores

El PSOE acudió a la promoción de VPO para jóvenes en Burgos para recordar el eslogan de las municipales que terminaron con el partido en la Alcaldía. La promoción de Lazarillo de Tormes, 144 de los 200 inmuebles protegidos que la Junta levanta en la provincia de Burgos, ya cuenta con su estructura levantada. «Gracias a un gobierno socialista al frente del Ayuntamiento de Burgos, que en 2022 cedió esta parcela de 11.000 metros cuadrados para 200 viviendas protegidas, la Junta decidió construir 144, y gracias al Gobierno de España y a los fondos Next Generation, que cofinancian la construcción con siete millones de euros», destacaron.

El objetivo para el PSOE es que en la próxima legislatura se puedan levantar en toda la región 5.000 VPO durante la próxima legislatura. Se busca armar un parque regional de vivienda pública en alquiler «para jóvenes y mayores». Tratan de atajar el problema del acceso a la vivienda de quienes empiezan su proyecto de vida pero, también, de quienes no pueden afrontar los niveles de renta actual con su pensión. «Nuestros mayores necesitan una reserva de vivienda en alquiler para que puedan, en proporción de su pensión, abonarla». 

Rehabilitación en el medio rural 

El proyecto de vivienda del PSOE contempla también la rehabilitación de viviendas en barrios urbanos y en el medio rural. «No es que no haya viviendas en nuestros pueblos, es que están deshabitadas y abandonadas. Se necesita una inversión potente para dignificarlas, hacerlas accesibles y dotarlas de las comodidades de una vivienda actual», explicó Daniel de la Rosa.

El PSOE descarta contar con Somacyl, a la que califican como una «sociedad ciertamente opaca» que «ya no se sabe ni a qué se dedica porque hace de todo», criticó. En su lugar, proponen la creación de un Consorcio Autonómico de Vivienda y Suelo para desarrollar este parque regional de viviendas de alquiler social para jóvenes y mayores, así como para gestionar una ayuda de 350 euros destinada a quienes deben pagar un alquiler en el mercado libre.

Insisten en que el derecho a la vivienda debe recogerse en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y desmienten que la ley de vivienda perjudique a los propietarios. «Existe una leyenda que dice que hace daño a los propietarios. No se penaliza al propietario del alquiler; lo que se hace es proteger a quien necesita esa vivienda», puntualizó Ramos.