Vox pone en duda la delimitación de responsabilidades en los espacios privados de uso público

El grupo municipal de Vox tiene dudas sobre la delimitación de responsabilidades y el reparto de costes entre el Ayuntamiento de Burgos y las comunidades de propietarios a la hora de realizar obras de mejora en los espacios conocidos como privados de uso público. Así lo ha expresado el concejal Ignacio Peña en la valoración que ha realizado de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana que se someterá a votación en el próximo Pleno, tras el dictamen favorable emitido en el Consejo de Urbanismo, con el voto unánime de todos los grupos políticos (PP, PSOE y Vox).

Según explicó, la formación votó a favor "por responsabilidad" y por la necesidad de dotar de seguridad jurídica a la ciudad. No obstante, Peña dejó claro que el grupo no comparte íntegramente el contenido de la modificación. En relación con los espacios privados de uso público, Peña reconoció que la ciudad necesita una solución urgente para estos espacios, algunos de los cuales presentan un evidente deterioro y proyectan "una imagen bastante deplorable", citando como ejemplo el entorno de la calle Calzadas, en pleno Camino de Santiago. No obstante, insistió en que Vox no tiene garantías de que la fórmula adoptada funcione y defendió que su apoyo responde a la necesidad de "echar a andar" el nuevo marco normativo y comprobar si resulta eficaz.

Al menos, subrayaron que la modificación impedirá que se sigan generando nuevos espacios privados de uso público en el futuro, un modelo urbanístico heredado del pasado que, a su juicio, "no ha dado más que problemas".

También expresaron incertidumbre sobre la nueva regulación de los alojamientos turísticos, al entender que las exigencias planteadas —como limitaciones por manzanas o accesos independientes— podrían frenar significativamente la implantación de nuevos proyectos.

Empadronamiento ilegales

El portavoz del grupo municipal, Fernando Martínez-Acitores, endureció su discurso contra el equipo de Gobierno al asegurar que "el tiempo nos ha dado la razón" en su denuncia sobre empadronamientos irregulares en la ciudad. Así, reclamó una rectificación pública tras las recientes detenciones por falsificación de contratos de alquiler. 

Martínez-Acitores y Peña sostuvieron que llevan más de un año advirtiendo de la existencia de inscripciones fraudulentas en el padrón municipal y criticaron que entonces fueron "desautorizados" por el equipo de Gobierno.

Citó varias informaciones publicadas en los últimos días sobre detenciones en Burgos por usurpación o falsificación de contratos para empadronar ilegalmente a varias personas. "Se siguen cometiendo ilegalidades", afirmó, y acusó al Ejecutivo local de haber mirado "hacia otro lado" por "buenismo" o por querer mantenerse en lo "políticamente correcto".