El perfil de mujer, inmigrante y con hijos protagoniza las ayudas de urgencia social en Burgos

Un millar de solicitudes. El Programa de Prestaciones Económicas de Urgencia Social de la Gerencia de Servicios Sociales atendió en 2025 a 1.071 solicitudes, de las cuales 250 se arrastraban del año 2024 ya que no se pudieron tramitar en dicha anualidad por falta de personal administrativo.

Así lo recoge la memoria del programa. El documento señala que del total de peticiones, 920 ayudas fueron aprobadas, consolidando el programa como «un recurso esencial para frenar la exclusión social en la capital burgalesa», tal y como apunta la responsable de la Gerencia, Milagros del Campo.

El perfil mayoritario del solicitante en Burgos es el de una mujer, inmigrante y con cargas familiares. El 66% de las solicitudes fueron cursadas por mujeres, una tendencia que «se mantiene constante año tras año». Además, el colectivo inmigrante representa el 60% del total de los beneficiarios. «Por norma general se trata de mujeres que ya han utilizado este recurso en otras ocasiones y con la que se está trabajando otros aspectos desde un proyecto individualizado de inserción», apunta la edil.

La memoria destaca además que 507 unidades familiares con menores a cargo recibieron apoyo y en un 89% se dio luz verde a la prestación. Sin embargo, el informe alerta sobre la persistencia de la vulnerabilidad y es que el 41% de los usuarios ya habían solicitado la ayuda anteriormente.

«Esta repetición refleja dificultades estructurales como la precariedad laboral y la ausencia de redes de apoyo familiar, lo que convierte a estas ayudas puntuales en un alivio temporal para situaciones que, en muchos casos, requieren una intervención a más largo plazo», apunta el informe de la Gerencia.

Además, el documento pone de manifiesto el crecimiento de la categoría ‘Otros grupos en situación de necesidad’. Este apartado agrupa principalmente a personas solas que no presentan indicadores significativos vinculados a la situación de necesidad que tienen y que ante una situación sobrevenida no cuentan con ingresos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas, ni cuentan con una red de apoyo familiar.

El programa, que cuenta con una financiación mixta entre el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León, supuso un gasto final de 706.074 euros. La mayor parte de las solicitudes y del gasto se destinó al área de necesidades básicas, concretamente a la alimentación, que supuso el 72 de la peticiones de ayuda y el 64,1 % de la inversión total o lo que es lo mismo 452.595 euros del total presupuestado.

Por su parte, el pago gastos derivados de la vivienda como el abono del alquiler, de los suministros o la realización de reparaciones representaron el 23,6% de las ayudas concedidas incluyendo intervenciones extraordinarias para evitar desahucios por deudas hipotecarias. En total 166.629 euros y el 22% de todas las solicitudes.

Completan la lista de ayudas concedidas las relativas a la cobertura de gastos de alojamiento alternativo en hostales y pensiones, residencias de mayores o residencias para personas con discapacidad, que supusieron un 7,6% del total. En total 55.099 euros. Le siguen las prestaciones destinadas al área de salud, en la que los solicitantes pidieron apoyo para afrontar gastos odontológicos, para sesiones de rehabilitación y otros. Fueron el 4% del total y supusieron un desembolso de 19.370 euros. Cierran las lista las ayudas destinadas a gastos varios como la adquisición de material escolar o de libros de texto. Supusieron un 1,8% de la cuantía total, un total de 12.380 euros.

Como dato relevante, el importe medio por prestación concedida ha descendido hasta los 767 euros, frente a los 826 euros del año anterior. Este descenso «se atribuye a la implementación del programa Básico+ de tarjetas monedero, que ha reestructurado la forma en la que se entrega la asistencia material básica en la capital burgalesa», tal y como explica la concejal del área.

Más celeridad

Uno de los puntos críticos señalados en la memoria es la necesidad de agilizar los trámites administrativos. De las solicitudes gestionadas en 2025, 250 fueron arrastradas del año anterior debido a la falta de personal administrativo. Para paliar estas demoras, el Ayuntamiento «continúa manteniendo una estrecha colaboración con entidades del tercer sector, especialmente con Cáritas».

Debido a la «dilación del proceso administrativo», en el 52% de las solicitudes aprobadas se tuvo que recurrir a estas entidades para que anticiparan el pago de la ayuda a los beneficiarios, un porcentaje que se reduce respecto al año anterior, cuando el uso de este procedimiento alcanzó al 63% de las ayudas.

La responsable de la Gerencia de Servicios Sociales subraya que el factor tiempo es «prioritario» al tratarse de situaciones de urgencia, por lo que «la mejora de los plazos de resolución sigue siendo el principal reto para el próximo ejercicio».