Salvador González: «Corremos el riesgo de que la sombra de duda que hay en los altos tribunales se extienda»

Recorre el país para conocer de primera mano la situación a pie de juzgado. Cada territorio tiene sus peculiaridades, aunque siempre hay una serie de reivindicaciones comunes que el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Salvador González Martín, defiende a capa y espada ante el Ministerio de Justicia. El viernes, aprovechando la toma de posesión de Mónica Pérez Villegas como decana, visitó el Colegio de Burgos para compartir impresiones sobre múltiples asuntos. De lo local a lo nacional sin perder de vista, como es lógico, la situación de crisis migratoria que atraviesa Ceuta.

Pregunta. Ha tenido la oportunidad de pulsar las principales inquietudes de los compañeros de Burgos. ¿Algo que le haya sorprendido especialmente?

Respuesta. En realidad no, porque hemos tratado las cuestiones que afectan a todo el país. La pasarela al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), el turno de oficio, la inteligencia artificial en la Justicia y en los despachos de abogados, deontología... También al acceso a la profesión. Es decir, los temas que preocupan a todos con las particularidades de Burgos.

P. ¿Cuáles son esas particularidades? Entiendo que hay grandes diferencias entre ejercer en ciudades de tamaño medio o pequeño y grandes capitales como Madrid o Barcelona.

R. Las retribuciones son inferiores y está pendiente de que se apruebe, como prometió el Ministerio, el pago de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). También tenemos en ciernes una Ley de Justicia Gratuita, muy demandada desde Burgos, que homogenice los pagos y las retribuciones en todo el territorio. Por otro lado, hablamos de la digitalización de la Justicia, de la situación actual y de las disfunciones que afectan a Burgos y todo el territorio común.

P. Aquí se está viviendo de primera mano la implantación de los tribunales de Instancia. Y hay numerosas voces críticas respecto a este modelo.

R. Más que el modelo, lo que se cuestiona es la implantación; la falta de recursos, de coordinación y de una adecuada gestión del cambio. Y esto, tanto en Burgos como en el resto de España, es una problemática muy importante en la atención a los profesionales.

Los profesionales antes se relacionaban directamente con los juzgados y tribunales. Ahora, los repartos de competencias son distintos y en algunos casos se está aprovechando para debilitar esa relación del juzgado con el profesional. Por eso, desde la Abogacía hemos aplaudido la guía de buenas prácticas que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde exhorta a mejorar y facilitar esa relación de los tribunales de Instancia con los profesionales.

«Hay que estar alerta ante tendencias como la comarcalización de partidos judiciales»

P. ¿Están los partidos judiciales en riesgo de desaparición?

R. El sistema no prevé la desaparición, pero hay que estar alerta ante tendencias como la comarcalización o establecer competencias para los tribunales en una plaza respecto de varios partidos judiciales. Estamos muy atentos viendo la implantación concreta en cada partido judicial. No obstante, la Abogacía siempre ha defendido intensamente la necesidad de una Justicia cercana al ciudadano. Y eso no pasa por disminuir el número de partidos judiciales.

P. También han surgido múltiples quejas sobre la Ley de Eficiencia. ¿Qué aspectos se deben abordar para asegurar su correcto funcionamiento?

R. Hay que establecer términos claros para cubrir el requisito de procedibilidad de los MASC para acceder a los tribunales. Esto se estableció, con una norma que no es lo suficientemente clara y de momento no hay una homogenización de los criterios necesarios que deje claro cómo se cubre ese requisito para poder iniciar el procedimiento judicial ante el juzgado.

Tenemos que recorrer un camino muy importante. También en la implantación de los tribunales de Instancia, como decíamos, y la dotación de más plazas de jueces y magistrados que se va a abordar el próximo año. Todo esto es necesario, urgente, y esperemos que se consiga una respuesta judicial más rápida de la que se está teniendo en estos momentos.

P. En relación a los MASC, ¿no cree que se ha trasladado demasiado pronto a la ciudadanía la responsabilidad de resolver conflictos antes de llegar a los tribunales?

R. El modelo lo que plantea realmente no es que se resuelva sino que se intente. Crear una cultura del acuerdo para desatascar el colapso que en muchas ocasiones tenemos en los juzgados.

También se generan oportunidades para buscar soluciones que den mejor respuesta porque sean mejor aceptadas por las partes o porque se han construido conjuntamente. Se ha trasladado que es un cambio cultural, además de estructural, que va a requerir un periodo de adaptación. Lo que sí estamos reclamando, muy intensamente además, es que los criterios para cubrir ese requisito queden claros para que el ciudadano sepa qué tiene que hacer y no se dilaten los procedimientos.

«La coordinación del turno de oficio en Ceuta está siendo extraordinaria»

P. Turno de oficio y Territorio Ministerio, la pescadilla que se muerde la cola. ¿Ve una solución a corto plazo para frenar la fuga de profesionales que prestan este servicio en Castilla y León?

R. Hay dos soluciones que son fáciles de entender para cualquiera. Una retribución digna de la labor del abogado oficio, que es muy escasa y además no se actualiza. Por otro lado, reducir la burocracia que recae sobre el abogado. Son dos soluciones que, desde el Consejo y desde los colegios, llevamos mucho tiempo poniendo sobre la mesa.

P. ¿Hay luz al final del túnel?

R. El Ministerio ha anunciado que en este mes o el que viene va a sacar un anteproyecto de la nueva Ley de Justicia Gratuita y esperemos que aborde estas cuestiones. Es importante que se paguen todas las actuaciones, que se mejore la retribución y que se actualice anualmente con arreglo al IPC. Lo que no se puede es mantenerla durante muchos años sin ninguna actualización porque devalúa el trabajo de los abogados.

P. Estuvo recientemente en Ceuta. ¿Hasta qué punto se puede ver afectado el turno de oficio teniendo en cuenta la crisis migratoria que atraviesa la ciudad?

R. Ya en los primeros días de la entrada de migrantes -más que extraordinaria, muy extraordinaria-, solicitamos al Ministerio de Justicia un incremento de cinco abogados de guardia de Extranjería en el turno de oficio. Se nos concedió inmediatamente y hace diez días volvimos a pedir un nuevo incremento, diez letrados más, que también se nos ha dado. He de decir además que la organización y la coordinación por parte de los abogados de oficio a través del Colegio de Ceuta está siendo muy extraordinaria y eficaz.

Estando en Ceuta, puse el acento sobre la preocupación de la Abogacía de que se inician y culminan muy pocos expedientes de asilo y devolución. Van pasando los días y por eso reclamamos una mayor coordinación, medios e información de los funcionarios que están abordando esta tramitación, así como la necesidad de que se desplacen recursos especializados a Ceuta.

«Hay muchas personas que viven en condiciones extremas, en la calle y sin perspectivas»

P. Dentro de este contexto, con el dictamen del Tribunal Supremo coleando, se vuelve a hablar acaloradamente de devoluciones en caliente. ¿Dónde están, desde el punto de vista jurídico, los límites que no puede -o debiera- traspasar el Estado?

R. La norma ha cambiado con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y ese es uno de los problemas que se está produciendo en Ceuta. Hay inseguridad en los propios funcionarios. Se han establecido requisitos nuevos; por ejemplo, que los menores necesitan una representación, financiada por el Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Colegio de Abogados de Ceuta.

Esto requiere tiempo y parece que la semana que viene se va a organizar. Nos encontramos ante un nuevo escenario jurídico y una nueva realidad, ya que los números de Ceuta no los hemos tenido antes, ni en Canarias ni en otra parte. Lo que ocurrió en 2021 no es parangonable a la situación que se está viviendo hoy.

La cuestión es que no estábamos preparados y se está tardando mucho en organizar la respuesta que prevé el Pacto. Un Pacto que requiere unos recursos ingentes por la cantidad de migrantes que hay en toda la ciudad. Lo pude ver y sorprende el número.

P. ¿Le preocupa que las cuestiones puramente jurídicas y judiciales aviven aún más la batalla política?

R. Hay muchas personas en una situación extraordinaria, transitoria, que viven en condiciones extremas, en la calle y sin perspectivas. La convivencia se va a ir deteriorando y habrá cada vez más problemas. De hecho, ya se está empezando a notar en los juzgados.

Es una cuestión que preocupa porque son miles de personas, hacinadas muchas veces, con una alimentación muy básica y con unas expectativas que se frustran. Todo eso exaspera a las personas y genera situaciones que se van a ir complicando.

P. Acaba de arrancar el curso. ¿Está suficientemente protegida la independencia judicial en España?

R. Sí. Prueba de ello es que se producen resoluciones y actuaciones judiciales criticadas por unos y por otros. Eso quiere decir que los jueces y magistrados se pronuncian con independencia. Ahora bien, sería deseable que desde la política no se hicieran manifestaciones imputando intereses a las resoluciones judiciales porque eso merma la confianza de los ciudadanos en un sistema que nos permite vivir en paz y garantiza la convivencia en nuestras ciudades.

P. ¿Percibe una pérdida de confianza en la Justicia por parte de la ciudadanía? En tal caso, ¿en qué se está fallando y cómo podría cambiar dicha visión?

R. En los pueblos y las ciudades, en los partidos judiciales de todo el país, los abogados percibimos que el ciudadano es consciente de que su Juzgado es independiente. Sin embargo, hay un mensaje público que está produciendo en la sociedad de que los jueces tienen intereses políticos y eso no ayuda.

A corto plazo, podremos presumir de una Justicia independiente. Pero hay amenazas por esta intromisión, muchas veces sin razón. Lo importante es que el ciudadano, en Burgos, Málaga o Valladolid, no pierda la confianza en la Justicia más cercana. Corremos el riesgo de que la sombra de duda que hay en los altos tribunales se extienda.

En este sentido, tanto la fiscal general del Estado como la presidenta del Tribunal Supremo han pedido que no se ataquen a fiscales, jueces y magistrados en función del sentido de las resoluciones judiciales, de que puedan beneficiar o perjudicar a los planteamientos de unos u otros, porque lo que nos jugamos es la confianza de los ciudadanos.