Reconfirmado: Las monjas de Belorado no pueden constituirse en asociación civil

Nuevo revés judicial para las mediáticas monjas okupas de Belorado. La Audiencia Provincial de Burgos ha dictado un contundente auto con el que tumba definitivamente la demanda de las exclarisas contra el comisario pontificio, Mario Iceta, y la Archidiócesis burgalesa por una presunta vulneración de derechos fundamentales. 

Con esta resolución, la Justicia vuelve a confirmar que las monjas cismáticas carecen por completo de legitimidad para transformar los monasterios de Santa Clara en Belorado y Derio (Vizcaya) en asociaciones civiles. 

La demanda civil interpuesta por las exmonjas, inadmitida de forma tajante por la Audiencia, pretendía validar en los tribunales su independencia total de la Iglesia Católica y, al mismo tiempo, la separación de los monasterios para poder asumir su control mediante una transformación de las entidades religiosas en asociaciones civiles

También pretendían las monjas okupas que se hiciese efectiva la destitución de Iceta como comisario pontificio. Para ello, su defensa solicitaba que se declararan civilmente ineficaces los decretos de la Santa Sede que pusieron al arzobispo de Burgos al frente de dicho cargo. Eso hubiese supuesto, tal y como se recogía en la demanda, que Iceta cesase de inmediato en todas sus funciones de representación, gestión y administración de los monasterios.

El juez argumenta en su auto que «no puede un Monasterio transformarse por la mera decisión de la Superiora del Monasterio». Básicamente, porque «corresponde a la Sede Apostólica la supresión de un monasterio de monjas autónomo, observando lo que prescriben las constituciones respecto a los bienes».

El auto judicial, en sintonía con lo ya dictaminado previamente por el Tribunal de Instancia de Briviesca, es rotundo en sus argumentos y no deja margen a la interpretación. «Para esta transformación las actoras carecen de legitimación, sencillamente porque no ha podido tener lugar», subraya el juez mientras incide en que «ninguna de las monjas reunidas en capítulo conventual tiene legitimación para transformar una entidad religiosa de Derecho canónico en una asociación civil».

La resolución no solo frena en seco las aspiraciones de las antiguas religiosas, sino que además llega con un castigo económico inmediato, ya que se les impone el pago de las costas judiciales del proceso de apelación tras rechazar todos sus argumentos.

La consecuencia más inmediata y crítica de este auto va más allá del papel. Al confirmarse que las exreligiosas no tienen legitimidad sobre las propiedades, la Oficina del Comisario Pontificio ha confirmado que se abre la vía para alzar la suspensión del procedimiento de desahucio del Monasterio de Orduña, que se encontraba paralizado por prejudicialidad a la espera de este dictamen. El desalojo, por tanto, vuelve a estar sobre la mesa.

Mientras tanto, las otrora clarisas deberán afrontar una nueva cita con los juzgados. Según fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao ha dado por concluida la fase de instrucción y ha acordado continuar con el procedimiento para la apertura de juicio oral a siete exmonjas de Belorado por presuntos delitos de abandono, omisión del deber de socorro, coacciones y trato degradante o contra la integridad moral a las religiosas ancianas que tenían bajo su cargo hasta su salida del monasterio, por orden judicial, el pasado mes de diciembre. Por si fuera poco, también deberán responder ante la jueza tras ser denunciadas por administración desleal y apropiación indebida.

Se libra en este caso una octava cismática (Zaida Pinar Navarro, también conocida como Sor Myryam) al no quedar «suficientemente determinado que haya participado de manera activa» en el supuesto trato vejatorio a las cinco religiosas de entre 87 y 101 años -una de ellas ya fallecida- durante su estancia en el monasterio de Orduña.

Tal y como consta en el auto, se realizaron una serie de informes que alertaban de una «falta de higiene extendida por todo el monasterio» especialmente perjudicial para las monjas mayores, quienes «no estaban siendo atendidas adecuadamente». Hasta tal punto que, más allá del «incumplimiento del deber de cuidado por parte de quién tenía encomendada esa función», se hace referencia a que «se dispensaba un trato humillante menoscabando su dignidad».

«Esta gestión y administración de las cuentas no era conocida ni podría ser consentida por las monjas mayores», advierte la resolución aludiendo a la «merma de sus facultades y dificultad de compresión de las cuestiones económicas» que han corroborado los informes forenses.

El escrito, contra el que cabe recurso, añade que la muerte de una de las ancianas semanas después de salir de Orduña «podría haber dado lugar a la incoación de diligencias ante indicios de homicidio por imprudencia». Sin embargo, «debido a la concurrencia de concausas preexistentes no está suficientemente determinado».

«Las monjas rebeldes seguirán unidas ante esta mala noticia», asegura el jefe de Prensa de las exreligiosas, Francisco Canals, definiéndolas como «luz y fosforescencia en la oscuridad». Asimismo, remarca que «permanecen juntas en el mar de la adversidad pero están protegidas por Dios».