“El barrio de Santa Catalina no se puede permitir dejar escapar los fondos europeos”

Mientras la Junta de Castilla y León busca soluciones para no perder los fondos europeos con los que Aranda pretende rehabilitar el barrio de Santa Catalina, los vecinos no esconden su preocupación. “El barrio de Santa Catalina no se puede permitir dejar escapar los fondos europeos. Es una oportunidad muy grande que no podemos perder”, apremia el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Adelino.

Sobre el papel, el Área de Regeneración Urbana (ARU) de Santa Catalina, ahora llamado Entorno Residencial de Rehabilitación Programada, contempla la rehabilitación de hasta 1.076 viviendas del barrio, con mejoras en accesibilidad y eficiencia energética, instalación de ascensores, así como el acondicionamiento de calles, plazas y jardines.

El desarrollo, en principio, es por fases. La primera empezaría por las 180 viviendas de los bloques antiguos de las calles Santiago, Belorado, Briviesca, Castrojeriz, Lerma, Miranda de Ebro, Roa y Sedano, pero el Ayuntamiento no ha encontrado ninguna empresa interesada en la ejecución. Y ya van dos procesos desiertos.

Según explica el presidente de la asociación de constructores Asecón, Rubén Madrigal, el problema principal —más allá de la grave falta de personal que sufre el sector desde la gran crisis de 2008— está en la redacción de unas condiciones que “no son interesantes”. “No se ajustan a la realidad del sector”, advierte, con la mirada puesta en unos costes, tanto salariales como de materias primas, “que han subido mucho” y unos plazos de entrega que pueden comprometer la viabilidad del proyecto a golpe de sanciones. “Para el ARU, la situación es muy complicada”, afirma.

Márgenes escasos

En su opinión, a día de hoy los márgenes de beneficio son demasiado limitados. “Los concursos públicos están por debajo de un precio de mercado que, hace nada, estaba en 1.800 euros el metro cuadrado construido, aquí en Aranda, y ahora ha subido a 2.200 euros/m²”.

Llueve, además, sobre mojado en un sector que se ha quedado literalmente sin plantilla. “La pandemia influyó mucho, pero ya había problemas desde la crisis de 2008. No hay mano de obra y faltan oficios como encofradores, electricistas, gruístas… No ha habido relevo generacional y hay un problema muy serio”, apremia.

Como solución, el sector está apostando por industrializar los procesos. “Se está avanzando mucho y, en muy pocos años, veremos cómo los pisos salen casi de fábrica, a falta de ensamblar”.

Aunque, por el momento, la crisis no afecta a las pequeñas reformas, que son cubiertas por autónomos y pequeñas empresas, en este tipo de actuaciones, como el ARU de Santa Catalina, “son obras complejas, que requieren la instalación de ascensores y, por supuesto, necesitan personal mucho más cualificado, como arquitectos, aparejadores, dirección de obra”. “No es equiparable a la reforma de una vivienda”, sostiene.

Un mercado de interés

Como experto en vivienda, el también gerente de la inmobiliaria Hunter Properties, Rubén Madrigal, defiende, además, un barrio que, pese a la alarma social generada por la inseguridad de determinadas calles, donde confluyen establecimientos de ocio nocturno, en general es tranquilo y “se pueden encontrar opciones muy interesantes de compra”. “De un tiempo a esta parte, como ha subido el precio de la vivienda en otras zonas, como el centro, Allendeduero o las inmediaciones de la plaza de toros, el barrio de Santa Catalina se está moviendo y se pueden encontrar cosas interesantes”, anima.

Él lo tiene claro: atrás quedan los años en los que se podía encontrar en Aranda un piso por debajo de los 80.000 euros. “Eso ya es harto complicado, pero Santa Catalina es grande y es un buen sitio, tanto para los que quieran comprar una vivienda económica como para los que quieran invertir y alquilar”.

Vecinos reacios

A la hora de poner en marcha el proyecto ARU Santa Catalina, el barrio se está encontrando con otro problema añadido: vecinos reacios que han decidido no sumarse a la ambiciosa rehabilitación. Y eso que las condiciones son inmejorables. Las administraciones, incluidos los fondos europeos, sufragan, a fondo perdido, 28.000 euros por vivienda, y cada propietario deberá pagar 4.000 euros, pero se podrán financiar. En el caso de los propietarios que no superen los 13.000 euros de ingresos al año, estarán exentos de pago. “Es una pena que perdamos esta oportunidad”, insiste el presidente de la asociación de vecinos, a sabiendas de que, ya en la primera fase, varios portales se han descolgado de la reforma.

Algunos vecinos achacan estas reticencias a la falta de información. “Aquí viven, sobre todo, muchos mayores y, en cuanto les hablas de obras o de gastos, no quieren saber nada”, advierte desde su comercio de calderas, Juan Carlos Quintana.