Castilla y León simplifica trámites: la Junta elimina más de 71 documentos burocráticos (y así te afecta)

Decididos a reducir la excesiva carga burocrática, la Junta de Castilla y León ha implantado el sistema de intermediación de datos, una herramienta que beneficia de forma directa a los ciudadanos, ya que no tendrán que presentar más de 71 documentos, lo que supondrá, en esta legislatura, más de siete millones de documentos que tramitará de forma interna la administración. 

Entre ellos se encuentran el DNI, el empadronamiento, estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social o la percepción por desempleo y las pensiones contributivas o no contributivas. “En esta legislatura hemos incorporado 17 nuevos documentos que ya no tendrá que presentar el ciudadano”, celebra el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago.

Según explicó esta mañana en su visita al punto de asistencia en materia de registros que la Junta tiene en Aranda de Duero (Burgos), la iniciativa busca mejorar y acercar la administración a todos los rincones de una Comunidad tan particular como Castilla y León, con una superficie que supera a Portugal y con una dispersión poblacional que se agrava en el medio rural. Para ello, la administración regional cuenta con 214 oficinas repartidas por todo el territorio.

Cuatro grandes acciones

Con este objetivo, en esta legislatura se han acometido cuatro grandes acciones que buscan modernizar la atención presencial y telefónica, desarrollar acciones de calidad y de evaluación de los servicios públicos y reducir la burocracia y mejorar las políticas específicas para colectivos determinados como las víctimas del terrorismo y las entidades de agrupación social, como pueden ser los colegios profesionales, las fundaciones y las asociaciones.

En cada una de estas perspectivas, durante esta legislatura, la dirección general competente ha incrementado el presupuesto hasta llegar a los 4,4 millones de euros, lo que significa una subida, de 2022 al 2025, de más de un 16% en los recursos presupuestarios económicos que la Junta dedica a estas políticas.

Sin cita previa

Como primer paso, las 214 oficinas ofrecen una atención directa y personal a los ciudadanos sin necesidad de cita previa, “una cuestión muy importante que no todas las administraciones han abordado tras la pandemia de la COVID”.

En segundo lugar, el consejero destaca la actualización completa del sistema de registro de documentos CIRCIL. “En lo que llevamos de año, 1,4 millones de documentos han sido registrados de entrada en la Administración y, asimismo, 600.000 han salido desde las oficinas públicas hacia los ciudadanos o hacia otras administraciones públicas”.

Del mismo modo, se ha modernizado la atención telefónica con nuevos servicios dentro del teléfono de información administrativa 012 para la gestión telemática. “Hay que presentar las solicitudes o determinada documentación por vía telemática y no todos los ciudadanos, dada la brecha digital, tienen esa posibilidad o tienen esos conocimientos”, argumenta al recordar que el servicio 012 no solo es telefónico, “también se puede pedir consulta y se puede solicitar información a través de correo electrónico o de redes sociales”.

De cara a mejorar la calidad de los servicios públicos, el consejero asegura que se han desarrollado más de 260 actuaciones desde el año 2022, con un grado de cumplimiento superior al 90%. A este respecto, continúa, se ha procedido a una autoevaluación de todos los servicios que prestan las delegaciones territoriales. De este modo, en esta anualidad 2025, los propios empleados públicos de seis delegaciones territoriales analizan hasta 100 cuestiones en diversos ámbitos. Sus conclusiones ayudarán, asegura, a mejorar la atención ciudadana.

En este reto, la Junta cuenta, además, con el apoyo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Airef, una entidad autónoma que analiza la eficacia y eficiencia de la Junta de Castilla y León en esas determinadas áreas. “Todavía no hemos sacado las conclusiones de unos y de otros, pero, hasta ahora, el grado de satisfacción en años precedentes, sobre todo en las oficinas de atención al ciudadano, estaba por encima del 9,5 sobre 10. Es decir, realmente, los empleados públicos que están en oficinas o puntos como este que hoy visitamos son muy bien valorados por la ciudadanía, son unos profesionales estupendos”, recalca.

Simplificación

En simplificación, González Gago añade el desarrollo de protocolos de colaboración con entidades regionales como Empresa Familiar, la COE de Castilla y León, el Consejo de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León y los colegios de secretarios y habilitados nacionales municipales. Como resultado, 54 medidas simplificadoras, lo que supone, “un ahorro para los ciudadanos y para las empresas de Castilla y León superior a 25 millones de euros”. “Este acuerdo lo estamos desarrollando durante esta anualidad 2025 y concluirá en el primer semestre de 2026”, termina.

El consejero visitó el punto de asistencia en materia de registros de Aranda junto a la directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios, Sonsoles Sánchez-Reyes; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Saiz, y el diputado de la zona, Javier Arroyo.