Toros Ricor lleva a los tribunales la denegación de la licencia de la plaza de toros de Aranda por “parcial” y “política”

La batalla judicial por la plaza de toros continúa. La empresa propietaria del coso, Toros Ricor, ha presentado una demanda contencioso-administrativa contra la denegación de licencia de primera ocupación que aprobó el Ayuntamiento de Aranda el 12 de diciembre de 2024.

Según argumenta, el Ayuntamiento adoptó esta decisión apoyándose “total y exclusivamente” en los informes técnicos emitidos en 2024 por los servicios municipales de Urbanismo y por el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS); informes que, “lejos de limitarse a comprobar lo ordenado por la Sentencia 97/2022 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León —esto es, verificar el ajuste de la obra a las licencias vigentes—, han aplicado criterios normativos posteriores (en especial, el Código Técnico de la Edificación de 2006) y han llegado incluso a negar aspectos que el propio Ayuntamiento y sus técnicos habían validado expresamente en años anteriores”.

Como ejemplo, Toros Ricor asegura que lo que se consideraba conforme, por Urbanismo y por el SPEIS, como las rampas, la disposición de las puertas, los aforos, la evacuación y las medidas de autoprotección, se pretende reputar ahora disconforme, sin aportar una justificación técnica del cambio arbitrario de criterio. “Esta contradicción resulta tanto más grave cuanto que en 2014 se concedió licencia de primera ocupación y apertura, mantenida durante ocho años, generando en la propiedad una situación consolidada de confianza legítima que la Administración no puede desconocer sin una motivación especialmente reforzada”, rechaza.

El empresario destaca la especial trascendencia del informe del SPEIS de 2024, que fue firmado por el jefe del Servicio, Julián Rasero Hernández, quien concurrió como candidato en listas municipales del PSOE, “partido que se ha manifestado reiteradamente en contra de la plaza de toros, llegando incluso a defender su reversión al Ayuntamiento e interponiendo en 2015 una querella contra la concesión de su licencia, querella posteriormente archivada”. “Este dato objetivo compromete claramente la imparcialidad exigible al funcionario informante y siembra dudas razonables sobre la finalidad real de su actuación”, defiende.

Múltiples vicios

En su opinión, la resolución impugnada incurre en “múltiples vicios”. A su entender, se extralimita respecto a lo dispuesto por el TSJ; aplica de forma indebida una normativa posterior al proyecto autorizado; desconoce los actos propios y validaciones previas del Ayuntamiento; se apoya en un informe “técnicamente contradictorio y políticamente contaminado”; y niega la posibilidad de subsanar las supuestas deficiencias, “vulnerando los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad y objetividad que deben regir la actuación administrativa”. “Hoy nos encontramos con que el Ayuntamiento de Aranda niega la licencia de primera ocupación y apertura en base a 33 pretendidas no conformidades destacadas por sus técnicos cuando, todas ellas, fueron soluciones aceptadas y exigidas por la Administración entre 2004 y 2016”, reprocha en el recurso.

Por todo ello, el empresario pide la declaración de nulidad y la recuperación de la ansiada licencia de primera ocupación y de apertura. Además, solicita la retroacción de las actuaciones para que un órgano técnico independiente y ajeno al Ayuntamiento emita un nuevo informe “con plenas garantías de imparcialidad”.

En el caso de que el tribunal deniegue su petición, la empresa solicita que el juzgado obligue al Ayuntamiento a abrir un trámite de subsanación de deficiencias (art. 87 de la Ley 39/2015, LPACAP), “concediendo a la parte actora plazo suficiente para corregir, en su caso, las incidencias detectadas que sean subsanables, en lugar de acordar directamente la denegación de la licencia”.

Contradicción

En su argumentación, Victoriano del Río insiste en que la plaza de toros fue validada desde su origen en materia de seguridad contra incendios mediante informe preceptivo y favorable del técnico de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, de 19 de agosto de 2004. Sin embargo, en una comunicación emitida el 22 de enero de 2026, la Consejería de Medio Ambiente advierte: “una vez revisado el expediente, este Servicio Territorial no tiene constancia de la inscripción de la instalación de protección contra incendios en esta ubicación”.

Para la Plataforma ciudadana por la Plaza de Toros, esta irregularidad ya argumentaría la denegación de la licencia. Desde el colectivo insisten además en lamentar la inactividad de la concejala de Obras, Ana María Hervás, en la apertura del expediente de restauración de la legalidad. “Una vez mas favorece al empresario incumplidor", rechazan.

Los aficionados a los toros exigen al alcalde una respuesta

Pasan las semanas, y el alcalde de Aranda sigue sin dar una respuesta. La Asociación Toros en Aranda, que agrupa a más de 500 aficionados de la comarca, ha enviado un segundo escrito al gobierno de Sentir Aranda para saber si el Consistorio está dispuesto a ceder un terreno municipal donde instalar gradas circulares y celebrar festejos taurinos en el caso de que no se pueda utilizar la plaza de toros permanente.

Solo piden un sí o un no. “La respuesta es compatible con cualquier esfuerzo para intentar celebrar festejos taurinos en la plaza actual en 2026”, urgen al recordar que Aranda lleva cinco años sin feria.

Firmas de apoyo

Decididos a recuperar los festejos taurinos, el colectivo ha recogido más de 500 firmas de apoyo, “con el único propósito de demostrar a este equipo de Gobierno, a la corporación municipal y a la ciudadanía de la Ribera la alta demanda de la cultura taurina en Aranda, que se ve además reflejada, año tras año, en las encuestas post fiestas patronales”.

Para la plaza portátil, el colectivo propone tres alternativas: el área del Picón, el espacio ocupado en navidades por el Circo, lo que posibilitaría hacer la Bajada de las Peñas por la Avenida Castilla; y el espacio frente a la sede de la nueva Policía Local, detrás de la estación de autobuses. En fechas, tendría lugar del 30 de agosto al 26 de septiembre.

Aunque agradecen el esfuerzo que la corporación está haciendo para desbloquear el problema de la plaza de toros, advierten: no contestar, o una respuesta negativa, convertirá a los políticos “en los únicos responsables en caso de que, de nuevo, no haya festejos en Aranda en 2026”.