La Guardia Civil frena el tráfico de marihuana en Burgos tras incautar una tonelada y 1.800 plantas en tres años

El papel de Burgos como «nudo estratégico de comunicaciones» no pasa desapercibido para el crimen organizado. Tampoco para la Guardia Civil, consciente de la «gran relevancia» que adquiere la provincia en el mercado del cannabis al tratarse de «un paso obligado para las rutas del tráfico ilícito que conectan el sur de España con el resto de Europa». De ahí la vigilancia constante, sobre el terreno y en carretera, que ha permitido reducir la actividad (producción, venta y transporte) durante los últimos años.

«El tráfico de marihuana ha evolucionado de ser una actividad dispersa a constituir una amenaza estructural dominada por organizaciones criminales altamente estructuradas», subrayan fuentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Matizando, eso sí, que en el caso de Burgos predominan las «actividades aisladas» -lo que popularmente se conoce como menudeo- en las que «un número pequeño de personas busca un beneficio rápido».

Con o sin mafias operando sobre el terreno, lo cierto es que han dado importantes sacudidas al narcotráfico en registros domiciliarios durante los tres últimos años. Cinco operaciones, en concreto, que permitieron decomisar unos 80 kilos de marihuana, 550 de hachís y 1.779 plantas. En este tiempo, además, se han requisado alrededor de 855 kilos en distintos controles dentro de la red viaria provincial.

A modo de repaso, destaca la operación Greenbus, desarrollada en 2023, que se saldó con la incautación de 872 plantas ubicadas en un laboratorio indoor, más de cinco kilos de cogollos de marihuana, 550 gramos de hachís y 485 de MDMA. Por volumen, se trata del mayor golpe al narco desde entonces No en vano, la Guardia Civil ha llevado a cabo otras intervenciones de calado como Colombespi, ese mismo año en Las Merindades, en la que se aprehendieron 240 plantas.

Otro registro, enmarcado en la operación Susogreen, culminaría en 2024 con la intervención de 362 plantas y 2.500 gramos de cogollos secos en Villasuso de Mena. Ya el año pasado, la Policía Judicial también logró desarticular dos puntos de producción y venta en la Riojilla burgalesa y Las Merindades. En el primero, se localizaron 70 kilos de cannabis. En el segundo, más de 300 plantas y 835 gramos de marihuana.

A pesar de que se ha decomisado prácticamente una tonelada a lo largo de estos tres últimos años, la percepción que se tiene desde la Benemérita es que el tráfico y cultivo de marihuana ha experimentado un «notable descenso» en tierras burgalesas de un tiempo a esta parte. Esto se debe, según apuntan las fuentes consultadas por este diario, a «la acción de la Guardia Civil en toda la provincia y un mayor control para evitar tomas ilegales de suministro eléctrico».

El objetivo varía en función del tipo de actuación. Los controles en carretera han servido, en múltiples ocasiones, para «interceptar numerosos envíos de cargamentos con destino a Europa central». Por su parte, los operativos a fuego lento que conllevan una investigación exhaustiva tratan de erradicar puntos de cultivo, transformación y venta. Dentro de este apartado, la Guardia Civil pone especialmente el foco sobre Las Merindades, donde «en años anteriores se han estado llevando a cabo numerosos cultivos de interior» por parte de «residentes en el País Vasco» que se instalaban en diferentes domicilios de la comarca aprovechando el «menor precio de los alquileres».

«Transformación radical»

Aunque las investigaciones complejas cuyo fin es desarticular grupos organizados corre a cargo de la Policía Judicial, no hay que pasar por alto el trabajo que desempeñan otras secciones del Cuerpo bajo la coordinación, «en la mayoría de ocasiones», del oficial al mano de la operación. Entre ellos, las unidades de Intervención o el Grupo Cinológico, cuyos perros detectores de drogas también están adiestrados para localizar dinero.

Lo que parece evidente, con independencia de los recursos asignados a cada operación, es que «las formas de cultivo, distribución y ocultación de la marihuana han experimentado una transformación radical impulsada por la tecnología de precisión, la profesionalización del mercado y los cambios en los marcos legales internacionales». A pequeña o gran escala, el narcotráfico ha pasado de «ser una actividad mayoritariamente exterior y estacional a un proceso industrial altamente controlado». Lo que ahora priman, tanto en Burgos como en el resto del país, son los laboratorios indoor especializados en «sistemas de cultivo y automatización para gestionar el equilibrio de luz, agua y nutrientes».

No solo se refuerza el primer eslabón, en el que predomina el «fraude eléctrico» mediante «conexiones ilegales a la red que generan graves problemas y sobrecarga en las infraestructuras de suministro». La cadena entera es mucho más sólida que antaño, así como sutil y devastadora en términos de salud pública. En este sentido, la Guardia Civil alerta de que «la selección genética y técnicas como la clonación asexual de plantas madre han permitido estabilizar cultivos cien por cien hembras y elevar los niveles de THC del 4 hasta un 35%».

Si hablamos de transporte, más de lo mismo. La ocultación de la droga es clave para intentar eludir a los cuerpos policiales. Por eso, han proliferado sistemas industriales en remolques y vehículos pesado. Para ello, se utilizan «herramientas de alto valor» con las que diseñar compartimentos mecánicos, también conocidos como caletas.

Al hilo de todas estas cuestiones, la principal lectura que se puede hacer al respecto es que el cultivo y la comercialización de la marihuana y sus derivados «ha pasado de ser artesanal a industrial». Dedicarse a esta actividad ilícita presenta, a día de hoy, una «alta complejidad técnica y logística». Tal es el grado de sofisticación que cada vez se detectan más sistemas inteligentes de monitorización, drones y sensores. Por no hablar de que «las plantaciones indoor requieren un consumo energético significativo para lámparas de calor y sistemas de ventilación». Un solo invernadero puede llegar a consumir «el equivalente a 80 viviendas», lo cual conlleva riesgo de «sobrecargas y apagones en barrios enteros».

Las posibles averías derivadas del fraude eléctrico se suman a otros perjuicios que «afectan a la convivencia, la seguridad y las infraestructuras de las comunidades de vecinos». Desde un plano eminentemente social, las mismas fuentes señalan la proliferación de «olores intensos» que «pueden impregnar zonas comunes y viviendas adyacentes». Además, los sistemas de ventilación, extractores y aire acondicionado durante las 24 horas del día provocan «ruidos constantes que perturban el descanso».

También se han registrado incendios por «instalaciones eléctricas precarias o sobrecargadas para mantener luces de alta potencia» y daños estructurales, ya que «la humedad excesiva necesaria para el cultivo puede causar filtraciones, moho y daños en las paredes de las viviendas colindantes».

En materia de daños estructurales, los investigadores de la Judicial saben de sobra que los narcos suelen alquilar chalés o naves industriales «por largos periodos» para obtener rendimiento de su actividad. La cara B, remarcan, es que «los propietarios a veces recuperan el inmueble años después totalmente destrozado por la humedad y las reformas eléctricas ilegales».

«Sin precedentes»

Salvo excepciones muy puntuales, las plantaciones desmanteladas en la provincia de Burgos «no están vinculadas a grandes organizaciones criminales». Los cambios, en comparación con otros territorios, «no han sido tan significativos». Sin embargo, la Benemérita advierte que «el nivel de violencia asociado al cultivo y tráfico de marihuana ha alcanzado niveles sin precedentes en Europa». No solo por la «profesionalización de las mafias y la llegada de bandas extranjeras», sino también por la «baja severidad de las penas» en España y su condición de «nudo logístico clave».

El asentamiento de peligrosos grupos delictivos, aunque residual en Burgos, genera consecuencias. Los vuelcos entre bandas, por ejemplo, están a la orden del día en Cataluña con «una media de ocho asaltos mensuales a plantaciones». También preocupa el uso de armas, máxime cuando «las organizaciones actuales están mejor equipadas y son más propensas al uso de la violencia para proteger sus cultivos frente a grupos rivales». Aparte, el «aumento de la toxicidad» eleva exponencialmente «los riesgos para la salud pública y las hospitalizaciones».

¿Droga blanda?

«En España existe una percepción social que tiende a minimizar o normalizar la gravedad tanto del tráfico como del consumo de cannabis, aunque esta tendencia ha mostrado ciertos cambios en los últimos años». Bajo esta perspectiva, Guardia Civil trata de erradicar la común consideración del hachís y la marihuana como «droga blanda e incluso inofensiva en comparación con sustancias como la cocaína o la heroína». Sobre todo tras constatarse que «el cannabis comercializado en 2025 tiene una concentración de THC que triplica la toxicidad de hace una década».

Desde un punto de vista pedagógico, las fuentes consultadas para este reportaje inciden en que «la concienciación ciudadana desempeña un papel absolutamente fundamental». Así las cosas, «la educación y la prevención son la herramienta más efectiva y sostenible posible a largo plazo para reducir tanto el tráfico como el consumo de drogas».

Según los últimos datos recogidos en el Plan Nacional sobre Drogas, la edad media en la que los jóvenes empiezan a consumir cannabis se mantiene «estable» en torno a los 14 años. La buena noticia, no obstante, es que el consumo entre adolescentes ha caído un 40% en las dos últimas décadas, algo que también se nota entre quienes fuman hachís o marihuana a diario.

Aun con todo, la propia Guardia Civil recuerda que «en la franja de 15 a 34 años, España sigue presentando cifras altas; casi triplicando la media europea». Además, «el cannabis es la sustancia responsable del 90% de los ingresos en tratamiento por adicciones en menores de edad». Partiendo de ambas premisas, cabe concluir que «sin una prevención sólida que incluya educación emocional, fomento de la autoestima, información realista sobre riesgos y promoción de estilos de vida saludables y alternativos al consumo es muy complicado frenar la captación de nuevos implicados en el tráfico o en el consumo». Y ojo, porque el desempeño profesional dentro de este mundillo abre la puerta a otros delitos como «blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas, falsificación documental, coacciones, lesiones e incluso homicidios en disputas por el control del mercado».