El PP se libra de testificar en la comisión de investigación de las fiestas de Burgos

Bronca desde el principio y trapos sucios en la recta final. El Partido Popular regresó este miércoles a la comisión de investigación de las fiestas de San Pedro con unas cuantas balas en la recámara tras el informe de Secretaría General, remitido en la séptima sesión, que subrayaba el deber de asistencia de sus ediles a raíz de la espantada del pasado 8 de octubre. Una vuelta al ruedo con cierto alivio, desde luego, al conocerse un segundo informe que exime a sus corporativos de comparecer a petición de los grupos de la oposición.

Fue el propio secretario quien aclaró que solo están obligados a prestar declaración aquellos funcionarios -o personal municipal, en su defecto- involucrados en la tramitación de los contratos que son objeto de análisis durante la comisión. Y lo harían, según indica en el informe, a título informativo. Los concejales, por su parte, no tendrían el deber de someterse a interrogatorio alguno.

Eso no quita, según Secretaría General, para que se tenga que justificar la ausencia de la ‘popular’ Carolina Álvarez, exconcejala de Festejos y miembro de la comisión cuyo puesto, precisamente ahora, fuese ocupado por José Antonio López. Nada se había trasladado al respecto y, como era de esperar, el PSOE afiló sus dardos habida cuenta de que había sido llamada a testificar en esta sesión. Por no hablar de que, media hora antes, compareció en la sala de prensa del Ayuntamiento para presentar el Cross del Crucero.

El ambiente ya estaba caldeado de antemano. Con el concejal socialista Julio César Arnaiz totalmente encendido, la presidenta de la comisión, Yolanda Barriuso, amagó varias veces con expulsarle por subir el tono haciendo gala de una actitud «contumaz». Mientras tanto, Vox veía los toros desde la barrera; tratando de entrar en el debate sin demasiada fortuna porque, tal y como expresó su portavoz, Fernando Martínez-Acitores, aquello se asemejaba a un «partido de tenis».

Antes de que Arnaiz pusiese en tela de juicio el informe del secretario y de que la también socialista Nuria Barrio lamentase que los ediles del PP se nieguen a «dar explicaciones» aunque sea por una «cuestión ética», el PSOE amenazó al equipo de Gobierno con acudir a los tribunales -por la vía de lo penal, para más señas-. El motivo, según apuntó Arnaiz, es la aparente negativa de la alcaldesa, Cristina Ayala, a incoar el expediente sancionador -aprobado por el PSOE y Vox en la anterior sesión- por ausentarse de la comisión. La denuncia, apostilló el edil, sería por un presunto delito de «prevaricación administrativa».

«Ustedes no buscan la verdad. Votan sin pruebas», declararía Barriuso al inicio de la sesión, durante un turno de cuestiones previas que se alargó hora y cuarto, antes de acusar a la oposición -especialmente al grupo socialista- de «falta de imparcialidad» y de fomentar un «linchamiento político» haciendo gala de un «sesgo inquisitorial» y «mucha hostilidad».

El rifirrafe entre unos y otros eclipsó por completo el contenido de la sesión, que tan solo se abordó en el apartado de conclusiones provisionales. Llegados a este punto, el PSOE obtuvo el respaldo de Vox al señalar que el Gabinete de Alcaldía asumió «funciones impropias» al intervenir en la negociación de los cachés de artistas que actuaron en las fiestas puenteando a la Gerencia de Cultura. Del mismo modo, los socialistas pusieron el foco sobre la formalización del contrato para el concierto de Fangoria un día después de su actuación en el escenario Céntrico de la plaza de Santa Teresa.

A partir de ahí, el PP se lanzó al contraataque aprovechando su exposición de conclusiones. La estrategia, en este caso, consistía en rescatar cuestiones ya analizadas en sesiones previas como la gestión de los conciertos a través de La Máquina del Ruido. Partiendo de esta base, Carlos Niño dejó caer que el PSOE operó de forma similar con esta empresa en 2022 y 2023. Es decir, durante sus dos últimos años de mandato.

Para rizar el rizo, Ángel Manzanedo sacaría posteriormente a relucir que el 6 de febrero de 2023 se firmó un contrato de exclusividad con Manuel Carrasco para que actuase el 17 de junio en Burgos. Lo curioso, no en vano, es que el expediente se formalizó a mediados de abril. En base a ello, los ‘populares’ acusaron al PSOE de lo mismo que se les acusa: de moverse entre bambalinas con «información privilegiada» obviando la normativa vigente.

«No intenten extender la tinta del calamar. Tienen muchos trapos sucios», replicaría inmediatamente después Barrio mientras hacía hincapié en que el Gabinete de Ayala ha estado «usurpando funciones de la Gerencia de Cultura». Acitores, entretanto, consideró que los reproches del PP no tenían cabida en la sesión pero al mismo tiempo se mostraba abierto a indagar más adelante. No será, al menos en teoría, durante la siguiente sesión. Será el 17 de diciembre y el objetivo es recabar información sobre las gestiones desde el área de Protocolo y los viajes que Ayala realizó en su momento a Praga y Valencia con motivo de las Fallas.