La sensibilidad ciudadana poscovid deriva en más denuncias por negligencia médica

La «brusca suspensión de la actividad ambulatoria» en los hospitales por culpa de la pandemia generó víctimas «colaterales» que no pasaron desapercibidas para el Defensor del Paciente en 2020. Sobre todo en la provincia de Burgos, donde la atención sanitaria sin citas presenciales tuvo «especial incidencia», hasta el punto de cobrarse la vida de varias personas enfermas de cáncer. Desde entonces, el número de denuncias por negligencia médica ha aumentado de forma sostenida.

Se puede apreciar, una vez analizadas las memorias del Defensor del Paciente a lo largo del último lustro, que existe una mayor sensibilidad por parte de la ciudadanía a la hora de interponer reclamaciones por presuntas malas praxis médicas. El año pasado, sin ir más lejos, se contabilizaron 102 denuncias en Burgos. La diferencia respecto al ejercicio anterior se sitúa en el 4%. Sin embargo, se aproxima al 23% si se compara con los 83 casos que la asociación presidida por Carmen Flores atendió en 2020.

Con una media de 97 denuncias anuales desde comienzos de la década, 2021 se cerró con un pico histórico de 110 reclamaciones. No hay que olvidar, en cualquier caso, que detrás de cada cifra hay nombres y apellidos. Pacientes y familiares que deciden acudir al Defensor al sentirse desamparados por diversas circunstancias. En el peor de los escenarios, con el objetivo de llevar a los tribunales supuestas malas praxis con resultado de muerte.

No se puede pasar por alto el fallecimiento de dos pacientes con cáncer de próstata metastásico el pasado mes de diciembre en el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) que ha derivado, a instancias del Ministerio Fiscal, en la apertura de diligencias previas por parte del Juzgado de Instrucción 1 de Burgos. Además, otros tres hombres sufrieron graves secuelas por intoxicación tras recibir una dosis del medicamento Cabazitaxel seis veces superior a la prescrita.

Desde el máximo «respeto» a la acción de la Justicia, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, quiso enviar el pasado jueves un mensaje de «apoyo» a los profesionales sanitarios del complejo asistencial burgalés mientras reiteraba que lo sucedido se debió a un «error humano». Asimismo, señaló que el Gobierno autonómico asumirá la responsabilidad patrimonial «completa» que le corresponda y con carácter previo.

«Hacemos numerosas peticiones de investigación y las archivan», lamentaba hace unos días Carmen Flores en declaraciones a este periódico tras manifestar su «inmensa alegría» por la incoación de diligencias para investigar la muerte de estos dos pacientes. No en vano, existen precedentes en los que los jueces han reconocido «errores o retrasos» en diagnósticos y tratamientos. Por ejemplo, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) condenó al Sacyl, en junio de 2023, a pagar una indemnización de 150.000 euros a la familia de Sonia Sainz-Maza, vecina de Espinosa de los Monteros que falleció en el verano de 2020 porque «no se le pautaron las pruebas necesarias que hubiesen permitido diagnosticar el cáncer de colon que tenía».

El covid trajo consigo casos similares que, sin embargo, acabaron dentro de un cajón. Lo comprobaron, muy a su pesar, los familiares de Carlos Martínez. Diagnosticado inicialmente de depresión, falleció el 12 de octubre de 2020 debido a una insuficiencia renal fruto de una «lesión en el hígado, posiblemente tumoral». De nuevo, la falta de asistencia presencial en su centro de salud por la crisis sanitaria impidió que fuese tratado en tiempo y forma.

La «decepción» de los seres queridos de este burgalés de 75 años después de que la Fiscalía archivase la investigación también se extendió a los familiares de Lidia Bayona, víctima mortal de sendos tumores de ovario y de conductos biliares que desarrolló durante el confinamiento y que nadie trató. De hecho, solo recibió atención telefónica y le recetaron medicamentos contra los vómitos y el insomnio. En este caso, el Ministerio Público tampoco consideró que se hubiese cometido una negligencia médica.

También saltó a la palestra, por aquella época, el trágico fallecimiento de Lidia González, una joven de 22 años, oriunda de Melgar de Fernamental, que fue operada de un tumor cerebral en el Hospital Clínico de Valladolid y nunca llegó a recibir tratamiento. A raíz de su muerte, en julio de 2020, su madre, Lidia García, hizo todo lo posible para que el caso fuese investigado por la Fiscalía. Aparte, fue capaz de movilizar a más de 200 personas en su pueblo para exigir «justicia» y «responsabilidades». En dicha concentración, también dispuestas a llegar hasta el final, acudieron familiares de Sonia Sainz-Maza y Lidia Bayona. 

Estos casos, y otros muchos que afortunadamente no tuvieron tan graves consecuencias, llevaron al Defensor a pronunciarse de manera contundente. De manera individual, a raíz de cada denuncia presentada, pero también a nivel global poniendo de relieve, en su memoria de 2020, «la necesidad de un cambio de modelo en la sanidad rural y la reapertura de los centros de salud».

«Descenso balsámico»

Al margen de las denuncias, el Defensor del Paciente también hace hincapié en el «descenso balsámico» que han experimentado las lista de espera quirúrgicas a nivel regional. «Poco que objetar» a este respecto, según la asociación, habida cuenta de que la demora se sitúa por debajo de la media nacional.

Distinta es la percepción, en cambio, a la hora de analizar las contrataciones de personal sanitario. Sobre dicha cuestión, el Defensor considera que la «falta de especialistas» es la «espada de Damocles» del Sacyl. La entidad demanda, principalmente, un mayor número de oncólogos y médicos de familia mientras remarca que «el sector de Enfermería se encuentra totalmente desbordado y su sindicato ha reclamado la necesidad de 4.000 enfermeras más». En cuanto al HUBU, preocupa sobre todo la falta de «urólogos y anestesistas».